La quiebra socialista de Radio Televisión Española

Periodista, escritor y profesor. Nació en Madrid en 1963. Es Doctor y Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad ejerce como profesor de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Como investigador, es autor de varios libros y documentales sobre actualidad política, comunicación y cultura.


RESUMEN
El escándalo Miró provocó el nombramiento de Luis Solana como director general en una coyuntura de transición que representó la antesala de la ruina para RTVE. Este periodo tuvo como telón de fondo el reparto de las televisiones privadas poco antes de las elecciones de 1989. A partir se ese momento, la competencia de las privadas disparó el déficit de RTVE, cuyas pérdidas superaron todas las previsiones bajo el mandato de Jordi García Candau, el único director general del Ente que, pese a todo, fue reelegido en el cargo tras el cambio de legislatura en 1993.
ABSTRACT
The scandal Miro provoked Luis Solana's appointment as general manager in a conjuncture of transition that represented the anteroom of the ruin for RTVE. This period took as a backdrop the distribution of the televisions deprived little before the choices of 1989. To dividing this moment, the competition of the private roads shot RTVE's deficit, which losses overcame all the forecasts under the mandate of Jordi García Candau, the only general manager of the Entity who, despite everything, was reelected in the post after the change of legislature in 1993.

La llegada de Luis Solana a la Dirección General de RTVE tuvo que ver con la necesidad de contar con alguien de la familia. Y nadie mejor que el hermano del entonces ministro de Cultura, Luis Solana de Madariaga.

Su nombramiento se decidió el 13 de enero de 1989, frente a la candidatura de Julián García Valverde, que entonces desempañaba el cargo de presidente de Renfe[1]. Ese día se celebraba el primer consejo de ministros del año. El propio Partido Socialista difundió la tesis de que era necesario encontrara un director general de transición alejado del grupo cercano al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que se había mostrado manifiestamente en contra de la gestión de Pilar Miró, en particular a través de los propios consejeros socialistas, algunos de los cuales llegaron a ocupar puestos directivos en la anterior etapa, con José María Calviño al frente de Radiotelevisión Española.

Uno de los nombres que se habían barajado era el Antonio López, presidente de Amper, una empresa vinculada a Telefónica que con el tiempo también se vio afectada por irregularidades que acabaron en los tribunales. López había sido director de TVE con Calviño y fue destituido tras mantener serias discrepancias con ese equipo. Pero finalmente el elegido fue Solana, que venía actuando como presidente de Telefónica, sin que su gestión fuera merecedora de ningún premio.

La gestión de Solana al frente de Telefónica había sido ciertamente errática, como apuntaba un editorial de El país, subrayando que había puesto “ bajo mínimos los niveles de calidad en el servicio”[2]. Solana fue despojando gradualmente a Telefónica de su grupo industrial, de modo que la dejó en una clara situación de desventaja para operar en un sector que debía asumir  crecientes grados de competencia tanto en España como en el resto de la Comunidad Europea.

Solana presidió Telefónica a lo largo de seis años, a lo largo de los cuales hizo gala de una gran falta de previsión, puesto que además de las inversiones en el servicio básico se hacían necesarias otras relacionadas con servicios más modernos como la transmisión de imágenes, redes de datos, servicios de valor añadido y otros.

La ley de Ordenación de las Telecomunicacíones fijaba entonces un calendario para la ruptura del monopolio en grandes áreas de negocio de la compañía, que obliaba a separar la contabilidad de las actividades que la compañía prestaba en régimen de monopolio de aquellas que prestaba en régimen de competencia.

“Sería iluso suponer que una compañía puede ser sometida a tantos bandazos sin sufrir por ello graves consecuencias”, sentenciaba El país en su editorial. Esta situación sería clave más tarde para comprender cómo accedió al poder el Partido Popular en 1996, tras ponerse por delante del Psoe, precisamente, en materia de telecomunicaciones, tal y como veremos más tarde, coincidiendo con el ascenso de José María Aznar en el partido de la derecha.

Por el momento, basta valorar el hecho de que Solana fuera a parar a RTVE sin más horizonte que el de las elecciones generales del 29 de octubre de  1989, que deberían servir, si no para cambiar de Gobierno, sí para encontrar un director general más duradero.

El escaso periodo en que Solana permaneció al frente de RTVE se caracterizó por un simple cambio de rostros, con tan sólo  Luis Mariñas repitiendo presencia en los telediarios, junto a Rosa María Mateo y María Pan. Solana mantuvo el esquema diseñado por el equipo Miró. Manuel Campo Vidal regresó a RTVE con Punto y aparte. El nuevo director recuperó el viejo esquema de los telediarios de fin de semana, presentados por Miguel Adrover y Anna Castells y dirigidos por Manuel Lombao. Televisión Española puso en marcha otro informativo en la segunda cadena dirigido por Antonio Martínez Benítez, y el matinal Buenos días, dirigido y presentado por Pedro Piqueras. Todos ellos bajo el mando del director de los servicios informativos de Televisión Española, Diego Carcedo[3].

Cambios más significativos tendrían que esperar al cambio de legislatura. El nombramiento de Solana coincidió además con un momento histórico para el partido de la oposición, el de la refundación de Alianza Popular[4]. Tan sólo una semana después de que Solana pisara por primera vez su despacho en el Pirulí, los asistentes al congreso aliancista se vieron sorprendidos con la presencia de Luis Solana en la sala de plenos del Palacio de Congresos de Madrid para estrechar la mano de Manuel Fraga y visitar a los trabajadores de RTVE, que realizaban su labor informativa sobre este congreso. Solana aseguró que a él le caía simpático hasta Luis Ramallo, portavoz de AP sobre RTVE, cuyo acoso a Pilar Miró provocó su caída unos pocos días antes. En ese congreso Manuel Fraga pasó el testigo del partido a José María Aznar, cuyo ascenso coincidió con los últimos coletazos del Partido Socialista en la década de los noventa.

Las elecciones generales de 1989 permitieron al Psoe seguir gobernando tres años más, hasta 1993, primero, y hasta 1996, después, convirtiéndose en el primer director general de RTVE reelegido para el cargo entre legislaturas.

Jordi García Candau, miembro del Consejo de Administración de RTVE en representación del PSOE, fue nombrado director general de RTVE el 23 de febrero de 1990. Las primeras reacciones del Partido Popular se conocieron a través de su nuevo líder, José María Aznar, que dijo: “Si hay cambio en RTVE será para peor”.

Por su parte, el diputado del PP, Luis Ramallo, señaló algo que resulta de interés hoy, al ver el interés que muestra el Psoe por poner al frente de RTVE a una persona independiente y elegida mediante consenso. Ramallo  dijo que  “la designación del nuevo director general de RTVE sin negociarlo con los partidos es prorrogar la situación actual de la televisión pública y sirve para negar con los hechos que los socialistas quieran negociar”.

En efecto, el Gobierno socialista procedió al cambio en la Dirección General de RTVE sin esperar a la formación del nuevo consejo de administración del Ente, al haber fracasado las negociaciones que mantuvieron Gobierno y oposición para la elección de los nuevos consejeros de la entidad. Como consecuencia de esa falta de acuerdo, la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados excluyó del pleno de esa semana la elección prevista de los integrantes del máximo órgano político de RTVE. Con el nombramiento de García Candau, el Gobierno aprovechó in extremis la prerrogativa que le concedía el estatuto de RTVE para designar directa y unilateralmente al director general del Ente y, por tanto, colocar al frente del medio de comunicación más poderoso del país a una persona de su confianza. El Psoe no quiso así someterse a los criterios que ya había aceptado para la elección del futuro director general de RTVE.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval, había anunciado la disposición de su partido a que el futuro responsable político de RTVE fuera elegido por el Parlamento y no designado por el Gobierno, aunque también reconoció que el Psoe establecería la cláusula de que en el caso de que dicho alto cargo no contase con el apoyo de los dos tercios del Congreso de los Diputados, en primera votación, podría ser nombrado con el respaldo, en segunda votación, de la mayoría absoluta de la Cámara[5].

El déficit se dispara con Jordi García Candau

El 26 de febrero de 1991, justo un año después de su nombramiento como director general de RTVE, Jordi García Candau reconoció ante la comisión de control parlamentario del ente que el ejercicio de 1990 se había  saldado con un déficit de 8.000 millones de pesetas.

García Candau admitió que la cobertura de la guerra del Golfo supuso “una sangría económica” para RTVE, al costar cuatro millones de pesetas al día. El diputado del Partido Popular, Gonzalo Robles, sin embargo,  elevaba el déficit hasta los 20.000 millones de pesetas. ¿Quién tenía razón?

A juzgar por las conclusiones del informe de la Intervención General de la Administración del Estado sobre la gestión financiera de TVE en 1990, el PP se acercaba más a la realidad, y los problemas eran más de los que confesaba Garcçia Candau. El informe de la Intervención llegó a la conclusión de que en RTVE no existía un plan estratégico, que carecía de un sistema adecuado para el control del gasto y que  incumplía la legalidad presupuestaria.

Así se podía resumir el primer ejercicio de Jordi García Candau al frente de la dirección general. El informe puntualizaba que los problemas de gestión económico-financiera de TVE en 1990 “son, en gran parte, continuación o consecuencia de las inercias no corregidas de años anteriores”. La auditoría destacaba que en la “falta de planificación a corto y medio plazo” ha influido negativamente “el cambio frecuente de equipos directivos” y aseguraba que “no ha existido un plan estratégico u operativo a corto y medio plazo”.

Las conclusiones del informe hacían hincapié en que TVE “no ha cumplido adecuadamente la legalidad presupuestaria al haber contraído obligaciones sin crédito adecuado por importe de 5.975 millones de pesetas y haber comprometido créditos con cargo al ejercicio 1995 por importe de 791 millones, cuando la normativa vigente permite contraer compromisos hasta el cuarto año posterior al actual, es decir, hasta 1994″.

La Intervención añadía que “también se producen ciertos incumplimientos de la normativa sobre IRPF, topes de horas extraordinarias y normativa interna sobre comisiones de servicio”.

Los gastos de explotación ascendieron a 74.000 millones, lo que supuso un incremento del 62 por ciento. Las razones de este incremento, según el informe, fueron el pago de los servicios de Retevisión y el crecimiento de los gastos de personal y producción. La retribución media por empleado creció un 15 por ciento a causa de “la apertura del abanico salarial” pactada en convenio, el ascenso de categoría de más de 700 personas y el incremento del gasto experimentado por la mayor parte de los complementos retributivos: complementos de dirección, mando orgánico, especial responsabilidad, disponibilidad, polivalencia, nocturnidad y horas extraordinarias”. Estos conceptos sumaron 3.272 millones, un 25,7 por ciento más que en el año anterior.

Los pluses de programas y pactos de rodaje subieron un 43 por ciento, situándose en 1.592 millones de pesetas. Las gratificaciones diversas sumaron 844 millones, lo que supuso un aumento del 115 por ciento. Los gastos por dietas y locomoción ascendieron a 4.204 millones de pesetas, con un crecimiento del 22,3 por ciento. “Como ocurría en ejercicios anteriores, el control de estos gastos no ha sido adecuado, y en cuanto a los pluses, no parece existir desde hace años una política definida para la concesión de la mayor parte de ellos”, subraya el informe, y apostilla: “Tampoco resulta eficaz el control del absentismo y la productividad”.

La auditoría señala dos ejemplos de la falta de control en la tesorería: “En el centro de Cataluña desaparecieron 90 millones de pesetas procedentes de los años 1989 a 1991, y se concedió a una productora un anticipo por importe de 49 millones de pesetas, más IVA, al margen del precio del contrato, a devolver al final del programa, tratándose más bien de un préstamo sin interés”.

El informe sólo permitía una tregua a la gestión de García Candau en su último punto, al señalar como aspectos positivos “una mejora notable en la contabilidad financiera, el trabajo para unificar la gestión de vales de pedido, la contención en la contratación de personal en el segundo semestre de 1990 y la elaboración, en 1991, de un plan de viabilidad para adaptar la gestión a la caída de los ingresos publicitarios de Televisión Española”.

La Intervención Delegada de Hacienda hacía referencia a irregularidades concretas que habían tenido lugar en RTVE a lo largo de 1990.

Jordi García Candau cargó así con el sambenito de meter a RTVE en pérdidas constantes, aunque la nueva situación estuviera justificada al menos por dos factores evidentes: el traspaso, sin contraprestación alguna, de la Red Técnica de Televisión a Retevisión y, sobre todo, la aparición de las televisiones privadas.

El traspaso de la Red Técnica de Televisión a Retevisión se produjo el 19 de mayo de 1989 mediante el Real Decreto 545, cuando se aprobó el Estatuto del Ente público Retevisión. A partir de ese momento, RTVE tuvo que empezar a pagar a Retevisión por la prestación de unos servicios que hasta ese momento se proporcionaba a sí mismo el ente público televisivo.

La aparición de las televisiones privadas fue más dramática aun. Fue una transición dura para TVE si se considera la evolución de los ingresos publicitarios frente a los de las televisiones privadas en sus cinco primeros años de convivencia. En 1990 TVE ingresaba un 75,2 por ciento de la tarta publicitaria, por valor de 137.006 millones de pesetas, mientras las televisiones privadas sólo cobraban un 8,5 por ciento, por un importe de 15.435 millones. Pasados cinco años, las privadas ingresaron 112.496 millones, mientras TVE reducía los suyos hasta los 72.312 millones de pesetas.

Es decir, TVE perdió en el reparto de la tarta publicitaria, a lo largo de esos cinco años, el 42 por ciento de los ingresos, casi el mismo porcentaje que fue a parar a las televisiones privadas.

Fiscalización del Tribunal de Cuentas

Para entender el déficit monumental que RTVE ha generado en los últimos años hay que remontarse precisamente a este periodo crucial, 1981-1989, en el que varió drásticamente la estructura financiera del Ente. Esta estructura pasó de contar con importantes excedentes en el mercado a convertirse en un demandante más de recursos. De una situación de monopolio pasó a una de competencia que provocó un endeudamiento creciente de RTVE.

El Tribunal de Cuentas describe perfectamente esta evolución en su informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 1995. El informe afirma que “la situación del Grupo conoció una etapa de gran prosperidad en el periodo 1981-1989, con un crecimiento de los ingresos del 23,3 por ciento anual acumulativo”. Esta situación generó beneficios para RTVE hasta 1989, el año en que se convocó el concurso público para repartir las licencias de televisión privada.

“En 1990 –continúa el informe del Tribunal de Cuentas–, coincidiendo con la entrada en el mercado de las televisiones privadas, se produjo una radical modificación del esquema anterior, con una reducción en los ingresos, en el periodo 1989-1992, del 18.8 por ciento anual acumulativo”.

Visto así, toda la culpa del déficit que fue acumulando a partir de entonces RTVE se le podría echar a las televisiones privadas. Lo que no es justificable, sin embargo, es que el Ente continuara funcionando con los mismos parámetros monopolísticos de los años anteriores. El Partido Socialista provocó una situación nueva con el reparto de licencias de televisión privada sin adaptar el comportamiento del ente a la nueva situación.

Los informativos seguían funcionamiento con el mismo derroche de medios. Las retransmisiones deportivas seguían en manos de RTVE como si nada hubiera pasado. Las compras de largometrajes y de producciones ajenas cargaron el presupuesto de RTVE como siempre, sin tener en cuenta la nueva situación. El Partido Socialista mantuvo al monstruo sin tener en cuenta que su ración de comida, la publicidad, que se reparte según las audiencias, tenía que llegar a tres nuevos canales, que cada año que pasaba iban ganando cuota de pantalla y por lo tanto mayores porciones de la tarta.

El Tribunal evaluó el endeudamiento de RTVE para los años 1991 y 1992 en 22.244 y 73.080 millones de pesetas, respectivamente, situando la cifra acumulada en 95.324 millones de pesetas al cierre del simbólico año 92. Y aquí empezó la fiesta. “Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado  para 1992 y 1993 autorizaron operaciones de crédito, a realizar por el Ente público y sus Sociedades estatales, por importes, respectivamente, de 53.523 y 47.803 millones de pesetas”.

El Ente decidió en 1993 eliminar toda actividad publicitaria por parte de Radio Nacional de España, lo que implicó su total dependencia de la financiación del Estado a partir de entonces. También se comprometió a elaborar, antes de noviembre de 1993, el plan estratégico del Grupo. Este plan estratégico tardó en aprobarse, y mientras ttanto, el Estado realizó distintas aportaciones económicas para paliar el déficit que ya arrastraba el Ente[6].

En este marco tuvo lugar la negociación y firma del Contrato Programa entre el Estado y el Ente público durante 1993, con la pretensión de constituir un medio que posibilitara la elaboración de un plan estratégico cuyo objetivo fuera el mantenimiento de una oferta viable de radio y televisión públicas.

El Tribunal de Cuentas subraya que el esquema establecido en el Contrato Programa, que tuvo vigencia para el ejercicio de 1993, tiene la importancia de introducir, por un lado, una línea de justificación de las aportaciones y, por otro, de iniciar una práctica de actuación, mediante la asunción de deuda, que se convirtió en una constante a partir de ese momento. Esta fue la manera en que se empezaron a justificar las subvenciones como una ayuda al Ente público por las actividades que no generaban ingresos significativos como las de RNE, que ya no generaba ingresos por publicidad, y las de la Orquesta y el IORTV.

Por otra parte, en este momento se inició el proceso de asunción de deuda de RTVE por el Estado que ha permitido reducir la cifra de endeudamiento en que ha ido incurriendo el Ente con autorización del Gobierno. El problema es que esta deuda, a pesar de todos los esfuerzos, ha ido creciendo hasta alcanzar cifras imponentes en la actualidad.

En resumen, la situación financiera de RTVE era de quiebra técnica a 31 de diciembre de 1995, debido al proceso de pérdidas acumuladas durante el periodo 1990-1995, que dio a lugar a un endeudamiento de financiación de 249.663 millones de pesetas, a pesar de que en ese periodo el Grupo recibió apoyos estatales por un importe global de 205.897 millones de pesetas, de los cuales 84.704 millones fueron en concepto de subvenciones de explotación y 121.193 millones lo fueron en concepto de asunción de deuda.

Las conclusiones que expuso el Tribunal de Cuentas, y que reproducimos a continuación, al observar la situación financiera del Ente, explican lo que debieron hacer entonces los socialistas y no hicieron, para remediar el problema que han heredado los distintos gobiernos hasta hoy:

1ª La situación de RTVE a 31 de diciembre de 1995 era de quiebra técnica, con unos fondos propios negativos por un importe cercano al doble del valor de sus activos, consecuencia de la incapacidad de adaptar la estructura de su cuenta de resultados a los cambios producidos en el mercado. Mientras el Grupo disfrutó del monopolio de la emisión de espacios televisivos, consiguió mantener el esquema –peculiar desde la perspectiva europea—de financiación en función de ingresos comerciales. Tal situación se quebró en el momento en que la concesión a las cadenas privadas redujo la cuota de mercado del Ente.

2ª Destaca la falta de previsión que se pone de manifiesto al analizar el proceso, por cuanto el cambio fundamental, la concesión de licencias a las televisiones privadas, no fue un hecho externo e inesperado. Por el contrario, la decisión de su implementación y la fijación exacta del momento en que se produjo estuvo en manos de la Administración de quien depende el Grupo. Por otra parte la adopción de la decisión fue prevista y esperada durante un periodo de tiempo considerable. Ni por parte de los responsables directos de RTVE, ni de la Administración, se adoptaron medidas que prepararan ese cambio y minimizaran los efectos negativos que era razonable prever se produjeran. La situación económica tan positiva de que disfrutó el Grupo en la etapa anterior a la decisión podría haber facilitado el proceso de adaptación, al mismo tiempo que la considerable apetencia del sector privado por las licencias para la prestación del servicio podría haber posibilitado la exigencia de mecanismos compensatorios que redujeran la magnitud de los efectos económicos negativos para el Sector público.

3ª Una vez planteada la situación de desequilibrio fundamental entre ingresos y gastos en 1990, no se han adoptado medidas de auténtica solución del problema económico, habiéndose optado por las medidas parciales de carácter financiero.

4ª El conocimiento del problema y la opción por el aplazamiento de la solución quedan probados por las sucesivas autorizaciones concedidas para el endeudamiento del Grupo, con la consecuencia inevitable de la acumulación de deuda en volumen muy considerable que, parece evidente, resulta imposible de atender mediante la generación de recursos de la propia actividad.

5ª La utilización del mecanismo financiero, al aplazar sin resolver la situación creada, ha originado, en virtud de la acumulación de intereses, un incremento paulatino de los recursos necesarios para la solución definitiva. Al mismo tiempo, los gastos financieros inherentes al mecanismo utilizado han contribuido a empeorar la situación económica del Grupo.

6ª La fórmula utilizada de financiación a través del Ente público ha implicado un incremento de coste para el conjunto del Sector público, por cuanto las condiciones de emisión han resultado más gravosas que las que se hubieran podido obtener mediante emisiones del Tesoro. La situación económica y financiera del Ente provoca la diferencia de precio de la financiación por el riesgo asumido, que será nulo, si el Estado, como único propietario del Grupo, termina arbitrando los mecanismos necesarios para la atención de la deuda incurrida. Dicho coste tiene su origen en el procedimiento utilizado para retrasar el reconocimiento en las cuentas estatales de las cuentas devengadas. Este retraso difícilmente podrá evitar el efecto final sobre los resultados futuros de la actividad financiera del Estado[7]

Blindaje a prueba de bombas

Prevaricación y malversación de caudales públicos era uno de los enunciados preferidos de los dirigentes del Partido Popular durante los años en que duró el mandato socialista, entre 1982 y 1996. De hecho, los últimos años de Gobierno socialista se caracterizaron por el gran número de demandas judiciales que el PP interpuso contra dirigentes del Psoe como consecuencia de su actuación al frente de empresas y cargos públicos. Algunos de esos casos se están viendo aún en los juzgados o se han visto recientemente, como el caso del cobro de comisiones del AVE. Otros, conocidos en su día, provocaron la caída final del Psoe en 1996. Uno de esos casos fue el de RTVE, que los populares no quisieron dejar escapar sin interponer la correspondiente demanda judicial contra su director general, Jordi García Candau, por prevaricación y malversación de caudales públicos.

El PP acusó a García Candau de un delito de arrogación de atribuciones legislativas, malversación de caudales públicos y prevaricación en el ente público. El partido conservador presentó la querella en el mes de junio de 1992, tras abandonar los dos órganos de control de RTVE: la comisión del Congreso de los Diputados y el pleno del Consejo de Administración de RTVE. El juez, César González, la admitió a trámite poco después.

El Partido Popular había lanzado a comienzos de aquel año una campaña contra la dirección general de RTVE, apoyada en las auditorías de gestión del Ente de los ejercicios de los años 1989 y 1990.

La acusación del Partido Popular venía a decir que de los informes de la Intervención Delegada de Hacienda se deducía una falta de rigor en el manejo de los fondos públicos que pudiera concluir en malversación y prevaricación de caudales públicos. El PP consideró que se había producido una sistemática obstaculización de las posibles investigaciones políticas de este asunto, ya que el fiscal general del Estado se limitó a remitir formalmente la información al Tribunal de Cuentas, después de que los responsables del PP solicitaran su actuación en el caso.

En su querella, el PP incluyó como posible delito el anuncio insertado por RTVE en dos diarios de difusión nacional en el que bajo el título RTVE explica su gestión se respondía a las acusaciones formuladas por el PP en diversos medios de comunicación y a las diversas interpretaciones aparecidas tras la filtración de las auditorías de la intervención de Hacienda. El PP mantuvo en su demanda que García Candau, al autorizar la publicación del anuncio trataba “sólo de poner a cubierto su personal reputación, que sabe muy bien es lo único bajo sospecha”.

García Candau tuvo que alternar a partir de entonces su presencia en el juzgado y sus intervenciones en el Congreso para dar explicaciones sobre la desastrosa situación económica del Ente.

A pesar de todo, e consejo de administración de Radiotelevisión Española reunido en sesión extraordinaria el 23 de julio de 1993, ratificó el nombramiento de Jordi García Candau como director general del Ente para un nuevo periodo. Ésta era la primera vez que un director general de RTVE era reelegido para el cargo. La sesión contó con la presencia de los consejeros del Partido Popular, ausentes del consejo desde hacía 16 meses. García Candau obtuvo los votos favorables de los seis consejeros del Psoe y del representante del CDS, Antonio del Olmo. Los otros tres consejeros presentes, Jordi Bosch (CiU), Jesús Sancho Rof y Francisco Sanabria (ambos del PP), se abstuvieron. No asistieron a la sesión los otros dos consejeros del PP, Encarnación Valenzuela, por encontrarse inhabilitada durante dos meses por una sentencia del Tribunal Supremo, y José Ramón Fernández Norniella, que fue elegido diputado en las elecciones generales que se acababan de celebrar, el 6 de junio de 1993.

El presidente del consejo, Jordi Bosch, puntualizó que, aunque estaba a favor de la reelección de García Candau, se había abstenido al considerar que se debería haber renovado el consejo antes de elegir al director general. “Jordi García Candau es la persona idónea para dirigir el Ente, lo que se corrobora por el apoyo que tiene entre la opinión pública. Consideramos imprescindible su continuidad para afrontar la reestructuración y consolidación de RTVE, y cuenta con el respaldo del consejo”, afirmó Bosch, como presidente del consejo, en la conferencia de prensa que se celebró tras la sesión.

Javier Tezanos (PSOE) destacó la “valentía del Gobierno al proponer este nombramiento”, ya que la continuidad del director general “consolida un modelo de televisión pública que apoyan todos los trabajadores del Ente”. Por su parte, Antonio del Olmo, el consejero más veterano, que cuatro años antes se abstuvo en la votación, apoyó la elección de García Candau, al creer que García Candau había”sentado las bases para que la radiotelevisión pública en este país se consolide”.

Pasado el tiempo, y lejos ya los halagos sobre su reelección, García Candau, tras conocer los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas y de la Intervención Delegada de Hacienda, el director general de RTVE debió entender que tanto él como su equipo podrían tener complicaciones, y tal vez por ello, en abril de 1995, el Ente Público de Radio Televisión Española aseguró a su equipo directivo contra las posibles demandas derivadas de “cualquier acto ilícito, real o presunto” que pueda cometer al desempeñar sus funciones. El seguro, vigente desde esa fecha hasta abril 1996, cubría posibles responsabilidades por un importe total de 1.500 millones de pesetas.

La póliza contratada por el Ente para sus altos cargos ponía especial énfasis en las demandas que pudieran derivarse “de una eventual responsabilidad por alcance exigible por el Tribunal de Cuentas que, con culpa o negligencia, originen menoscabo de los fondos públicos a consecuencia de acciones u omisiones”.

Curiosamente, durante meses, los directivos de RTVE negaron los datos que el PP denunciaba en el Congreso y en la prensa sobre las cuentas de RTVE. Estas denuncias evaluaban el agujero del Ente en 400.000 millones de pesetas, lo que se correspondía exactamente con los números que había hecho el Tribunal de Cuentas sobre la situación financiera de RTVE.

Lo que no tenía precedentes era la póliza que había suscrito García Candau junto a sus directivos para evitar responsabilidades por su desastrosa gestión al frente de RTVE.

La póliza tenía número 0130900252. Fue suscrita con la empresa aseguradora AIG Europe. Y curiosamente, en su contrato, precisaba que no se haría cargo de los delitos de “injurias, calumnias, contra el honor, la intimidad, la imagen de las personas y la difusión de noticias” que pudieran producirse.

El pánico de los directivos de RTVE estaba justificado ante la cercanía de las elecciones generales, previstas para la primavera de 1996. Miguel Angel Rodríguez, responsable de medios de comunicación del Partido Popular, dijo que la póliza en cuestión constituía una “licencia para matar” de los socialistas, “que se están blindando ante lo que ellos mismos puedan hacer”.

El Ente defendió la existencia de este seguro señalando que así blindaba  “sus intereses”, no a “determinadas personas”. La respuesta del Ente continuaba diciendo que “de la misma forma que RTVE tiene suscritos muchos seguros para evitar quebrantos en su patrimonio, en caso de incendios, por ejemplo, una decisión de un Ejecutivo puede suponer un quebranto para RTVE”.

Desde luego, la situación creada era peor que un incendio, a la vista de los diferentes informes que se fueron conociendo a lo largo de aquellos años.

Según el informe de la Intervención General del Estado, emitido en septiembre de 1995, que hacía referencia al seguro contratado, la póliza “otorga cobertura a la responsabilidad de actos viciados por negligencia o culpa grave”.

Por su parte, el Ente, sostenía que el equipo directivo al que hacía referencia el seguro estaba formado por el director general, Jordi García Candau, y siete personas más: el secretario general del Ente, Jordi Bosch; los directores de RTVE, Ramón Colom, y de RNE, Diego Carcedo, y cuatro directores gerentes.

Según el PP, el acuerdo podría beneficiar a los 54 altos cargos que había entonces en el Ente, “excluyendo, quizá, a los 107 de TVE y los 97 de RNE”.

La propia póliza era ambigua en este aspecto, al recoger una definición bastante amplia del término directivo, que sería “cualquier persona física debidamente nombrada o elegida como director o cargo ejecutivo equivalente de la compañía”. También se hacía referencia a “cualquier empleado de la compañía que no haya sido nombrado o elegido como director o cargo ejecutivo y que realice funciones que sean ordinariamente realizadas por un director o cargo ejecutivo”.

Un portavoz del Ente explicó que el seguro beneficiaría al “actual organigrama directivo y al que venga en un futuro”. Este organigrama, agregó, incluía a “cualquier persona que pueda tomar una decisión que pueda afectar a RTVE”.

El mismo día en que el Ente difundió esta nota, el 14 de septiembre de 1995, se conoció que el PP preparaba una ampliación de la demanda presentada en julio de 1992 contra el director general de Radiotelevisión Española, Jordi García Candau, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, que aún se estaba tramitando.

Según el director de Comunicación del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, que ya ejercía con autoridad en el entorno de José María Aznar, la ampliación de la demanda afectaba a la gestión correspondiente a 1993, ejercicio que, como veremos a continuación, también fue examinado con crudeza por el Tribunal de Cuentas.

La dirección de RTVE negó a través de una nota oficial que la suscripción de la póliza de seguro tuvieran algo que ver con la situación económica del Ente, con el informe del Tribunal de Cuentas o con la demanda del PP. “Se trata –afirmaban los responsables del Ente– de una póliza de responsabilidad civil para administradores y directivos, similar a las que otras empresas, tanto públicas como privadas, suscriben para cubrir posibles responsabilidades de sus directivos por actuaciones negligentes o culposas en el desempeño de sus funciones”. Y añadía que “en ningún caso la póliza cubriría actos delictivos y dolosos. El responsable o responsables de dichos actos nunca podrían eludir su responsabilidad penal”. La Dirección del Ente afirmaba igualmente que el informe favorable de la Intervención General del Estado, “despeja cualquier duda sobre la legalidad de RTVE para contratar este tipo de seguro”.

UGT, en cambio, dijo que no concebía que alguna compañía de seguros estuviera dispuesta a admitir una póliza de “desmanes”. Por su parte, José Manuel Martín Medem, entonces miembro del consejo de RTVE por Izquierda Unida, también acusó a García Candau de haberse blindado.



Notas

[1] El 18 de mayo de 2005 comenzó en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por cohecho, falsedad y por el cobro de comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del AVE Madrid-Sevilla, en el que aparece como acusado el ex ministro socialista de Sanidad y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, para quien la Fiscalía Anticorrupción pedía seis años de prisión y una multa de 9,6 millones de euros por un delito de cohecho (soborno); lo mismo que para el ex director de compras de Renfe, Leopoldo Iglesias, y para el ex diputado socialista Carlos Navarro.

[2] Gestión errática. Editorial de El país del 11 de septiembre de 1989.

[3] En Televisión Española, además de Carcedo, fue nombrado nuevo director de programas Juan Manuel Martín de Blas, en sustitución de Antonio Abellán. Como subdirector de informativos no diarios, llegó Julio Bernárdez, con la peculiaridad de que a través de este departamento se gestionará el área de deportes de TVE. En Radio Nacional de España, Antonio San José fue nombrado director de informativos.

[4] El IX Congreso Nacional de Alianza Popular se inauguró el 20 de enero de 1989 por la mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Por la tarde, Solana acudió al edificio para saludar a unos y a otros, tal vez como signo de alejamiento de la gestión de Pilar Miró, que acababa de dejar el cargo de directora general de RTVE bajo un manto de escándalo.

[5] Ya en 1986, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Eduardo Martín Toval, y el entonces portavoz del Grupo Popular, Miguel Herrero, firmaron conjuntamente una proposición de ley en la que proponían la elección parlamentaria del director general de RTVE. Divergencias políticas posteriores entre AP y el PSOE impidieron que prosperara el acuerdo.

[6] El compromiso fundamental adoptado por el Estado consistió en la realización de las siguientes aportaciones económicas al Ente: 28.519 millones de pesetas, para financiar las pérdidas de RNE, de la Orquesta y Coros de RTVE y del Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV); un máximo de 3.285 millones de pesetas, como subvención para reestructuración de plantilla de RNE; proposición en los Presupuestos Generales de 1994 de la asunción por el Estado de deuda del Ente público, por importe de 31.114 millones de pesetas, correspondientes a las pérdidas incurridas en 1992 por RNE, la Orquesta y Coros y el IORTV. En cumplimiento de los compromisos contraídos, el Real Decreto Ley 12/i de 2 de julio, concedió un crédito extraordinario, aplicado a subvencionar la explotación del Ente público, por el importe previsto de 31.804 millones de pesetas. Adicionalmente, el mismo texto amplió la autorización concedida para la realización de operaciones de crédito al Ente público y sus Sociedades durante 1993, hasta un importe de 92.078 millones de pesetas.

[7] Informe de fiscalización selectiva de la gestión financiera del Ente público Radiotelevisión Española (TVE), ejercicio 1995.

BIBLIOGRAFÍA

Abella, Rafael. Por el imperio hacia dios. Planeta. Barcelona, 1978.

Albert, Pierre. Historia de la radio y la televisión.  Fondo de Cultura Económica. México, 1987.

Alonso Ibarrola. La televisión española de la dictadura a la democracia.

Bustamante, E. y Villafañe, J.  La televisión en España mañana. Modelos televisivos y opciones ideológicas. Siglo XXI. Madrid, 1986.

Díaz, Lorenzo. La televisión en España 1949-1995. Alianza Editorial. Madrid, 1994.

Esparza, J.J. Informe sobre la televisión: El invento del Maligno. Criterio libros. Madrid, 2001.

Macía, Pedro. Televisión hora cero.  Erisa. Madrid, 1981.

Pérez Ornia, J. R. “Peculiaridades de una televisión gubernamental: 1. El modelo. 2. La implantación”, en Historia de los medios de comunicación en España”, de Jesús Timoteo Alvarez. Ariel. Barcelona.

Rico, Lolo. TV, fábrica de mentiras. Espasa Hoy, 1992.

Tijeras, Ramón. Las guerras del Pirulí. Debate. Barcelona, 2005.

BIBLIOGRAFÍA

Abella, Rafael. Por el imperio hacia dios. Planeta. Barcelona, 1978.

Albert, Pierre. Historia de la radio y la televisión.  Fondo de Cultura Económica. México, 1987.

Alonso Ibarrola. La televisión española de la dictadura a la democracia.

Bustamante, E. y Villafañe, J.  La televisión en España mañana. Modelos televisivos y opciones ideológicas. Siglo XXI. Madrid, 1986.

Díaz, Lorenzo. La televisión en España 1949-1995. Alianza Editorial. Madrid, 1994.

Esparza, J.J. Informe sobre la televisión: El invento del Maligno. Criterio libros. Madrid, 2001.

Macía, Pedro. Televisión hora cero.  Erisa. Madrid, 1981.

Pérez Ornia, J. R. “Peculiaridades de una televisión gubernamental: 1. El modelo. 2. La implantación”, en Historia de los medios de comunicación en España”, de Jesús Timoteo Alvarez. Ariel. Barcelona.

Rico, Lolo. TV, fábrica de mentiras. Espasa Hoy, 1992.

Tijeras, Ramón. Las guerras del Pirulí. Debate. Barcelona, 2005.

Etiquetas: , , , , , , , , , , ,

ESCRIBA UN COMENTARIO

Su email no será publicado ni compartido. Los campos marcados son obligatorios *

*
*

Reseñas

Destacados

CLAVES


Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com