El negocio de las productoras externas en RTVE durante la década de los noventa

Periodista, escritor y profesor. Nació en Madrid en 1963. Es Doctor y Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad ejerce como profesor de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Como investigador, es autor de varios libros y documentales sobre actualidad política, comunicación y cultura.


RESUMEN
RTVE quebró, entre otras cosas, gracias al enriquecimiento súbito de determinadas estrellas del espectáculo. Tras la puesta en marcha de las televisiones privadas, el Ente inició una enloquecida carrera por la audiencia que desembocó en la contratación de programas a precios desorbitados. Sus beneficiarios se convirtieron en millonarios. Un repaso a esos programas bajo el mandato de Jordi García Candau dan idea del derroche que se produjo en tan sólo unos años a costa del erario público y con el Ente sumido en un mar de irregularidades.
ABSTRACT
RTVE failed, among other things, thanks to the sudden enrichment of certain stars of the spectacle. After the putting in march of the private televisions, the Entity initiated a maddened career for the hearing that ended in the contracting program to astronomical prices. His beneficiaries turned into millionaires. A revision to these programs under Jordi García Candau's mandate they give idea of the waste that took place in only a few years at the cost of the public exchequer and with the Entity plunged in a sea of irregularities.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de RTVE correspondiente a los años 1992 y 1993 fue demoledor para la gestión de Jordi García Candau. Su contenido se conoció el 2 de febrero de 1996 a través del diario El Mundo. Hasta entonces se habían filtrado algunos datos con cuentagotas a través de los sindicatos del Ente, que informaron al Partido Popular para que pidiera explicaciones a la Dirección General de RTVE en el Congreso sobre algunas de las contrataciones que se habían realizado.

Las revelaciones del informe, sin embargo, fueron más allá de toda sospecha anterior. El tribunal detectó graves irregularidades que iban desde el maquillaje de las cuentas hasta la firma de contratos blindados, pasando por la adquisición desmesurada de programas y material sin tener en cuenta las necesidades de la cadena pública ni su disponibilidad económica.

El Tribunal de Cuentas determinó que RTVE había presentado la cifra de 2.270 millones de pesetas como beneficios en 1992 cuando en realidad había sufrido unas pérdidas de 12.954 millones. También descubrió que los 2.450 millones que los responsables de RTVE presentaron como pérdidas, en realidad alcanzaban una cifra desorbitada que se situó por encima de los 54.400 millones de pesetas.

Para maquillar la operación, Televisión Española vendió al ente RTVE los derechos de comercialización y publicidad por una cantidad que después el Ente no fue capaz de generar. Así, las pérdidas que se produjeron las contabilizó RTVE y no Televisión Española. De esta manera, TVE consiguió no contabilizar como pérdidas una cifra próxima a los 68.000 millones de pesetas.

El informe señalaba además que en 1993 TVE omitió de su contabilidad más de 11.000 millones de pesetas en gastos y que dichos gastos sobrepasaron en 4.000 millones el límite fijado en el contrato-programa con el Estado. El compromiso asumido por el Estado para aportar financiación estaba condicionado a que los gastos reales acumulados no superasen sensiblemente las previsiones del contrato-programa, que contemplaba más de 28.000 millones de pesetas de financiación pública, más la asunción de una deuda de 31.000 millones.

¿Pero cómo se llegó a esta penosa situación? Pues al parecer, según las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Cuentas, debido a una desastrosa gestión y al abuso desmesurado de las productoras externas a la hora de contratar con RTVE. Este abuso, consentido por los responsables de RTVE, contrasta con las pérdidas millonarias del Ente durante esos dos años de sangría televisiva. Presentadores estrella, de todos conocidos, se lo llevaron crudo sin que TVE habilitara mecanismos para limitar sus ganancias en función de fracasos de audiencia u otras circunstancias. Todo, según el Tribunal, para competir por la audiencia sin reparar en los gastos. Para visualizar el panorama, vamos a centrarnos en la producción de programas y en los contratos firmados entre RTVE y diferentes productoras externas, utilizando mecanismos irregulares y que el Tribunal de Cuentas puso de manifiesto.

Contratos irregulares

La radiografía que realizó el Tribunal estableció que en 1992 existía un mayor número de programas de bajo presupuesto que en 1993. Eso quería decir que en un año el coste de los programas de entre 250 y 500 millones de pesetas se duplicó, mientras el coste de los programas con presupuesto superior a 500 millones se triplicó. Cinco programas, por ejmplo, superaron los 750 millones de pesetas de coste en 1993.

Esto da una idea de cómo se desató en TVE la fieble por contratar más y más caro. Esto llevó a que en 1993 el incremento registrado en los gastos financieros alcanzaran el 153 por ciento de los registrados en 1992, como consecuencia, fundamentalmente, del aumento del endeudamiento para financiar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

En los programas Qué apostamos y El precio justo, por ejemplo, a los importes anteriores había que añadir los derivados de la contratación artística y de la gestión de invitados y premios, respectivamente, realizados por las productoras[1].

El informe del Tribunal de Cuentas llamó la atención sobre las sorprendentes cláusulas que TVE incluía en los contratos que firmaba con las estrellas televisivas. Con  cláusulas como ésas no fue de extrañar que el Ente entrara en quiebra técnica poco después. El más llamativo de esos compromisos era que TVE garantizaba a los presentadores y a las productoras con las que contrataba que éstos siempre cobrarían la cantidad total estipulada en sus contratos aunque después el programa no se emitiera por cualquier razón.

El Tribunal de Cuentas detallaba dos casos concretos en los que se habían producido estas contrataciones. Uno, el contrato firmado por Miriam Díaz Aroca como  presentadora de Noches de Gala para su aparición en TVE durante los años 1994 y 1995. Otro, el que firmó TVE con Paco Lobatón para realizar ¿Quién sabe dónde?

Este era el caso de la presentadora de Noches de Gala, Miriam Díaz Aroca. El informe denunciaba que la presentadora cobró más del 84 por ciento de lo que realmente debería haberse embolsado, ya que muchos de esos programas, en concreto 23, fueron suspendidos. Díaz Aroca contrató el programa con TVE a través de la productora Luna Actividades, S.L. Se trataba de 52 programas, uno a la semana, a razón de 2,5 millones de pesetas cada uno. Además, firmó la realización de otros 120 programas, de carácter diario, durante dos años, a razón de 500.000 pesetas cada uno; y la presentación de seis eventos a lo largo de esos dos años, a razón de 5 millones cada uno. La productora de Díaz Aroca también participaba en la publicidad generada por esos programas, estimada entre entre un 25 y un 40 por ciento. En la operación también aparecían las productoras Yojo, S.L. y Llorez, S.L., esta última propiedad del marido de Miriam Díaz Aroca, Pedro Luis Llorente.

El Tribunal denunció el hecho de que en el contrato de Miriam Díaz Aroca “no quedaron adecuadamente protegidos los intereses de TVE, S. A., al no prever la posibilidad de suspender la producción y la retribución si no se alcanzaban los resultados de audiencia esperados, prerrogativa que, con carácter general, suele incluir TVE, S. A., en sus contratos”.

En la contratación para la producción de ¿Quién sabe dónde? se produjo la siguiente evolución, según el Tribunal: En un primer momento el programa era una producción de TVE, realizada íntegramente con personal fijo de la casa, con Ernesto Sáenz de Buruaga como primer presentador. En octubre de 1992, TVE accedió, a instancias del presentador, el célebre Paco Lobatón, a que la producción se realizara a través de una productora externa de su propiedad denominada Red Acción 7. Como consecuencia de estos cambios, en enero de 1993, el precio de la producción del programa se incrementaba en un 233 por ciento.

Por otra parte, el 6 de julio de 1993 se firmaron dos contratos simultáneos, de los que el Tribunal no tuvo conocimiento, pero que incluía un importe fijo por programa, por un jefe de redacción y dos subdirectores, y otro por semana, más una cantidad en función de la audiencia, para el director de la serie. El nuevo contrato, según se supo después, especificaba el reparto del dinero: 46 millones para la productora, y  117.017.000 pesetas para Lobatón como presentador. “Este último concepto –señalaba el Tribunal– se contrata mediante un devengo semanal, se realice o no el programa, y por un período de dos años”.

Lobatón exigió confidencialidad absoluta, y hasta tal punto se respetó su deseo que los responsables de TVE ni siquiera informaron de las cantidades que percibía al Tribunal de Cuentas. Lobatón también planteó que su mujer, Mari Pau Domínguez, condujera algún programa en TVE por 400 millones de pesetas en dos años.

El Tribunal concluía que “la utilización por TVE, S. A., en los contratos citados de las fórmulas de compensación a los profesionales en la duración de los contratos y el blindaje de los mismos, se estima que no son las más adecuadas para la mejora de los niveles de audiencia, al eliminar el incentivo que supone la posible rescisión del contrato ante niveles bajos de la misma”.

Los magistrados del Tribunal de Cuentas también se vieron sorprendidos por otras irregularidades relacionadas con la firma de contratos y el incremento de sus costes al prorrogarlos en circunstancias extrañas.

Por ejemplo, el contrato firmado entre TVE e Inmoart para la producción de ¡Ay, vida mía!, firmado el 24 de febrero de 1992 con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993, para realizar 56 programas, generó, según lo previsto, 15 programas hasta julio de 1992, con un nivel de audiencia cercano al 30 por ciento que motivó, al considerarse satisfactorio, que TVE, comenzase a elaborar proyectos para nuevos programas a realizar en el último trimestre de 1992.

Sin embargo, la productora y la artista se negaron a iniciar esta segunda fase y TVE aplazó la realización de los programas posponiéndolos a enero de 1993. Finalmente, se alcanzo un acuerdo mediante la firma de un nuevo contrato con otra sociedad, RNR Artistas S.A., y la misma artista, en el cual se incrementó el precio de la prestación de 6,5 a 15 millones de pesetas por programa, a pesar de que en el primer contrato sólo se fijaba el incremento del IPC para los programas producidos en 1993.

El contrato para la producción de Noches de Gala, aprobado en julio de 1993, fue modificado en septiembre del mismo año con un incremento de 5 millones por programa. Entre las razones de la variación se encontraban la previsión del incremento del programa semanal de 75 a 110 minutos y la realización del programa, en lugar de en directo, en diferido. Revisada la duración media de los programas producidos entre el 2 de octubre y el 31 de diciembre de 1993 se comprobó una duración media por programa inferior al 20 por ciento de la duración pactada, sin que se produjera reclamación alguna por parte de TVE relativa a este incumplimiento.

La segunda fase de Hola Raffaella, el programa de la italiana Raffaela Carrá, realizada mediante contrato firmado el 18 de enero de 1993, produjo un incremento de la contraprestación económica a favor de la productora del 25 por ciento, a pesar de lo pactado en el contrato unos meses antes, el 16 de julio de 1992, por el cual, si se convenía entre las partes la ampliación del número de programas, se mantendrían las condiciones económicas establecidas en el contrato originario.

La cláusula 12 del contrato firmado entre TVE y la productora de Lobatón, Red Acción 7, el 1 de octubre de 1992, preveía la prórroga  de ¿Quién sabe dónde?, en las mismas condiciones. Sin embargo, el contrato adicional, de 2 de enero de 1993, triplicó el importe de la contraprestación.

Las productoras tampoco cumplían con las exigencias legales de TVE a la hora de realizar pedidos a los proveedores del Ente. En concreto, el Tribunal de Cuentas se fijó en tres programas. Las facturas de ¿Quién sabe dónde? carecían de vale de pedido, solicitud de contratación y certificados de conformidad del Ente. En el programa Raffaella semanal, se comprobó que la fecha de los vales de pedido eran posteriores a las fechas del suministro en el 85 por ciento de las facturas revisadas por el Tribunal.

En otras ocasiones, TVE no registraba los gastos de producción relacionados con programas realizados por determinadas productoras. Esto ocurrió, por ejemplo, con los gastos de producción de los programas Un, dos, tres, Viéndonos, Hola Raffaella, Raffaella a las ocho y El precio justo. El Tribunal señaló que “el importe global de los gastos no reflejados ascendió a 1.686millones de pesetas en 1992 y 1.977 millones en 1993”.

El negocio de las productoras

El coste que supusieron al erario público la contratación de las producciones mencionadas arriba y otras, como las que veremos a continuación, fue desorbitado. Los sindicatos de RTVE se subían por las paredes y acabaron por filtrar los precios de cada producción[2].

El periodista Juan Luis Galiacho dio cuenta del derroche que se produjo bajo la gestión de Jordi García Candau en RTVE en la tesis doctoral que presentó en la Universidad Complutense de Madrid, en marzo de 2000, bajo el título El oligopolio catalán en los medios de comunicación españoles, donde resaltaba la idea de que muchas de las productoras que se hicieron de oro en este periodo pertenecían al clan de los catalanes que dominaba el negocio audiovisual en España. Este clan, liderado por el director de TVE, Ramón Colom Esmatges, bajo la batuta de Jordi García Candau, desembarcó en el Ente de una manera avasalladora, aunque el negocio se extendió hasta productoras que nada tenían que ver con Cataluña.

Ramón Colom ingresó en RTVE en 1975, donde ejerció como guionista de programas infantiles hasta que pasó a informativos y trabajó como redactor para Informe Semanal. En abril de 1981 fue nombrado director y presentador de ese programa. Su rostro se hizo conocido. En 1984, José María Calviño lo nombró subdirector de programas de actualidad de TVE.En 1986 fue nombrado subdirector de todos los servicios informativos de actualidad. La llegada de Miró le relegó. En 1988 salió de TVE y se incorporó a la productora Tesauro, fundada por Hervé Hachuel, como responsable de programas y proyectos. Estuvo en Tesauro hasta el 31 de diciembre de 1989. Unas semanas después, el 28 de febrero de 1990, aceptaba el ofrecimiento de Jordi García Candau para incorporarse a su equipo como director de TVE. Conocía a Candau de los tiempos de Radiocadena Española[3]. Desde entonces, Colom ejerció un poder omnímodo hasta junio de 1996.

El paso de Colom por el aparato directivo de TVE y su recorrido por el mundo de la producción privada le convirtieron en un hombre de la frontera, siempre entre lo público y lo privado, sin que nadie supiera nunca de qué lado estaba.

El nicho de mercado que se encontraron las productoras privadas en esta coyuntura, con TVE necesitada de productos estrella para competir con las cadenas privadas y un equipo gestor dispuesto a tirar la casa por la ventana, no tenía precedentes en España.

Las cantidades que se manejaron en las contrataciones fueron desorbitadas, mientras los personajes que se beneficiaron  del reparto se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana.

TVE no ha facilitado datos sobre sus contratos con Tesauro al Tribunal de Cuentas, pero Galiacho cuenta que cobró 394.714.724 por Videos de Primera; 120 millones por la serie de ficción Escalofríos; y 265 millones por cuatro largometrajes.

Julia Otero y Ramón Pellicer, marido y mujer, representaron un estereotipo que se repitió con otras parejas de la época, como Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez, que resolvieron sus vidas en esta época gracias al derroche de TVE. Otero y Pellicer crearon la productora Mass Media Luna, S.L. en marzo de 1990 y a través de esta sociedad facturaron varios programas en la época de Colom, como La Ronda, que les reportó unos ingresos de133.812.750 pesetas.

José R. Sámano, ex marido de Mercedes Milá, facturó varios programas a TVE, como Lo más natural y El martes que viene a través de la productora Sabre Televisión, S.A., por 88 millones de pesetas y 356. 573.000 pesetas, respectivamente.

Un rostro habitual durante esta etapa en TVE era el de Angel Casas, que a través de la productora Foxtrot vendió al Ente programas como Un día es un día, por 19.952.500 pesetas; Pictionary, por 85.496.200 pesetas, y Desde Perelada, por 67.068.000 pesetas.

José Cosmen Adelaida, propietario de la empresa de transportes Alsa y de productoras como La Pomarada del Conde, S.A y Rocabruno, esta última creada en octubre de 1988 junto a los directores Gonzalo Suárez y Fernando Trueba, aprovechó la coyuntura para extender su imperio al mundo del audiovisual.

En este tiempo Trueba vendió los derechos de varias de sus películas (Amo tu cama rica; Lulú de noche y Realquiler) por un total de 180 millones de pesetas. También contrató series como La mujer de tu vida I y II con TVE, por 1.263 millones de pesetas, a través de Fernando Trueba Producciones Cinematográficas , S.A. y  productora Kaplan, S.A. TVE también financió con 75 millones el documental realizado por Fernando Trueba PC, Los magos de la tierra.

Un informe elaborado por el PP sobre la contratación de productoras externas en TVE afirmaba que en tres años su importe ascendía a 35.000 millones de pesetas. El informe denunciaba que había productoras con contratos en las que figuraban personas vinculadas en ese momento y en los últimos años con el Ente público RTVE.

La Unión de Técnicos y Cuadros (UTC) de RTVE tenía los datos sobre el coste por programa que realizaban esas productoras, a precios de 1996. ¿Quién sabe dónde?, de Red Acción 7, realizaba cada entrega por 9 millones de pesetas, más 3 millones si superaba un determinado share[4].¿Qué apostamos?, de Europroducciones, se hacía por 29 millones el capítulo, mientras Ramón García, su presentador, se llevaba 2,7 millones por programa. Grand Prix, también de Europroducciones, ingresaba 13.543.781 pesetas por capítulo. El semáforo, de la productora DNI 3, cobraba 39.657.130 pesetas por entrega. Hostal Royal, de Prime Time Com, la productora de Valerio Lazarov, se hacía por 28.721. 026 pesetas cada programa.

El programa Los Morancos, realizado por Distar Producciones, ingresaba 9.247.45 pesetas por capítulo y otros 23 millones por el programa que realizaron a través de la productora Ome. Los también humoristas Cruz y Raya firmaron contratos por 500 millones, mientras los programas que contrataron Martes y Trece resultaron imposibles de cuantificar, al facturar por separado guión, dirección y producción.

Otras productoras activas durante la etapa de García Candau y Colom en TVE fueron Beta, con 6 programas; Iberoamericana Films, con 4 programas, y Spinto, esta última vinculada de Francisco Javier del Olmo, personaje afín a Colom, que contrató programas como El rápido y Tres eran tres por varios cientos de millones sin estar registrada en el Registro Mercantil. Francisco Javier del Olmo también controló luego productoras y empresas relacionadas con el negocio audiovisual como Videozapping,  S.L., Publizapping, S.L., Génesis TV, S.L.o World Entertainments, S.L., entre otras.

Otro apartado que incrementó el coste de muchas contrataciones y los beneficios de algunos artistas de renombre fue el cobro de ciertas cantidades procedentes de la publicidad por parte de las productoras externas. Este mecanismo provocaba que TVE padeciera resultados negativos en la explotación de los productos que contrataba.

Este era el caso de Holla Raffaela, el programa de variedades presentado por la italiana Raffaela Carrá entre marzo de 1992 y el mismo mes de 1994, que generó 616.887.000 pesetas de publicdad, mientras el contrato estipulaba que el importe del mismo ascendía a 727.500.000 pesetas, con un saldo negativo para TVE de 110.613.000 pesetas.

El programa Viéndonos, de Martes y Trece, que se emitió desde octubre de 1992 hasta marzo de 1993, obtuvo unos ingresos publicitarios de 310.500.000 pesetas, mientras el contrato con la productora ascendía hasta los 800 millones, con un resultado negativo de 489.500.000 pesetas para TVE.

Otros contratos de series y programas entrañaban unos  costes desorbitados por capítulo: Hasta luego cocodrilo (serie de ficción): 103.400.000 pesetas; Noche duende en Sevilla: 37 millones; El peor programa de la semana (Gran Wyoming): 29.300.000 pesetas; El precio justo: 65.800.000 pesetas; Qué apostamos: 56.200.000 pesetas; la retransmisión de una corrida de toros desde España: 22.250.000 pesetas; la retransmisión de una corrida de toros desde América: 13.000.000 pesetas; la gala de entrega de los premios Tp de Oro: 31.700.000 pesetas; ¡Ay mi vida! (Mari Carmen y sus muñecos): 27.400.000 pesetas; Viéndonos (Martes y Trece): 38.000.000; ¿Y ahora qué? (Martes y Trece): 96.800.000; Telepasión española (Navidad): 45.400.000; Celeste no es un color (Lina Morgan): 40.400.000; No Smoking (Cruz y Raya): 26.700.000; Hasta aquí hemos llegado (Los Morancos): 59.000.000; y Lingo (Ramoncín), de carácter diario: 1.600.000 pesetas por programa[5].

Los gastos llegaron a dispararse de tal modo que  Jordi García Candau emitió una circular mediante la cual prohibió a cuaquier sociedad de RTVE adquirir cualquier compromiso superior a 2,5 millones de pesetas a partir del 1 de enero de 1994 sin la previa conformidad por escrito del director general.

La sangría, sin embargo, tenía varios frentes. Había programas que se compraban a través de intermediarios que encarecían significativamente las operaciones, como los que Colom compró a la Rai Uno por 600 millones de pesetas, a través de la intermediaria francesa Telecip, sin que la asesoría jurídica de RTVE viera la necesidad de llevar a cabo la operación de esa manera.

En 1993, series como El sexólogo, de Mariano Ozores, que costó 403 millones, sólo se llegaron a emitir parcialmente después de provocar protestas que llegaron hasta el Congreso de los Diputados. Ese mismo año se emitió La Regenta, de seis capítulos, con guión de Fernando Méndez Leite, que costó 500 millones, que se  le pagaron religiosamente a la productora Classic Films. Sandino, una serie contratada en 1988, de sólo cinco horas de duración,  sólo estuvo disponible en 1992, por 876 millones, que fueron a parar a Miguel Littin Producciones Cinematográficas, la productora propiedad del chileno Miguel Littin y de su esposa Gladys Menz. Blasco Ibáñez, de dos capítulos, protagonizada por Ana García Obregón y Ramón Langa y dirigida por Luis García Berlanga, fue financiada en un  70 por ciento (650 millones) por TVE.

Por último, se puede mencionar La España salvaje, con el Príncipe de narrador, para la que TVE aportó 260 millones, en cuya producción también participaron el Grupo Teneo y Adena, para lograr diez capítulos, con un coste para TVE de 26 millones cada uno. El contrato se firmó en 1993. La serie se emitió en 1996.

Largometrajes a precio de oro

El informe del Tribunal de Cuentas también criticaba la compra desmesurada de películas y series que después no se emitían, produciendo un stock que llegaba, en algunos casos, a permanecer archivado durante más de tres años sin emitirse. El tribunal explicaba cómo se habían firmado contratos sin los informes jurídicos correspondientes, cómo algunos contratos carecían de fecha de firma o cómo, en algunos casos, no se presupuestó cuánto tenía que abonar Televisión Española en sus coproducciones o producciones asociadas.

El proceso de adquisición de producciones ajenas, según el Tribunal,  presentaba características diversas según la importancia de las distribuidoras que intervenían en el suministro de derechos de emisión: “Las grandes distribuidoras, en el período fiscalizado, Warner, MCA y Buenavista Internacional como contratantes de TVE, S. A., presentan paquetes de ofertas que deben analizarse globalmente, en las que se ofrecen productos que TVE, S. A. necesita para atender las carencias de los stocks de programas junto con otros que no responden a dichas necesidades. La existencia de una fuerte competencia en el período fiscalizado ha supuesto que las distribuidoras puedan elevar considerablemente los precios y endurecer las condiciones de suministro”.

Uno de los apartados en los que más hincapié hace el tribunal es precisamente el contrato firmado con la Warner Bross en octubre de 1992, un acuerdo suscrito sin un informe de la Asesoría Jurídica y sin que figure en el Registro General de Contratos.

Según este contrato, que el Tribunal considera que contenía “cláusulas contrarias al canal público”, TVE se comprometió a adquirir “derechos de emisión” a la Warner por 100 millones de dólares (unos 12.000 millones de pesetas) para cada uno de los ejercicios de 1993, 1994 y 1995.

Si TVE no cumplía el contrato, no sólo debía indemnizar a la Warner, sino a sus consejeros, directivos, accionistas, afiliados, empleados, representantes y agentes. Además, la productora podía vender los mismos productos a TVE y a otros cadenas de televisión españolas. El caso de la Warner se reprodujo con la factoría Disney. El informe decía que “la dispersión de las diversas direcciones de producción ejecutiva, ha provocado la existencia de descoordinación a la hora de planificar y ejecutar la producción”, lo cual redundó en un despilfarro innecesario y exagerado.

Asesores amigos

Otro apartado en el que hacía hincapié el informe del Tribunal de Cuentas se refería a los contratos de asesoramiento adjudicados por García Candau de forma discrecional. El informe ponía de manifiesto que la empresa Summa Consulting S.A. resultó especialmente favorecida en estas adjudicaciones, en las que no se concretaba ni el objeto del asesoramiento ni los plazos de ejecución ni las consecuencias del incumplimiento, en caso de que éste se produjera.

Pero lo más gordo es que Summa Consulting estaba vinculada a Ricardo Visedo Quiroga, nombrado secretario general de RTVE por García Candau. De hecho, Visedo fue consejero delegado de la sociedad OMS Consultores, S.L., filial de Summa Consulting, hasta junio de 1991, cuando entró en RTVE como secretario general. OMS Consultores ya había contratado con RTVE en 1990 y 1991. En concreto, en 1990, asesoró a RTVE en la “realización del modelo de organización  y financiación” del grupo por un importe de 12.747.000 pesetas. En 1991, asesoró al Ente en la “implantación de un modelo de organización”, además de aportar un “sistema de gestión de continuidad de la emisión”, todo ello por un importe de 143.074.230 pesetas.

Summa Consulting se creó el 31 de enero de 1991, poco antes de que Visedo ingresara en RTVE. Según el Tribunal de Cuentas,
Candau adjudicó “a dedo” la mitad de los contratos de asesoría de RTVE a esa empresa por 528 millones
de pesetas durante el periodo comprendido entre 1991 y 1993.

Ricardo Visedo ocupó el cargo de secretario general de RTVE desde junio de 1991 hasta el verano de 1993. Al fichar por RTVE vendió sus acciones en OMS Consultores, filial de Summa Consulting, a su socio Manuel Ortíz. En el verano de 1993 Visedo fue contratado por Antena 3 TV.

Entre 1991 y 1993, RTVE gastó en asesores externos más de 1.300 millones de pesetas, pero la principal consultoría contratada fue la antigua empresa de Visedo, que desarrolló catorce proyectos de asesoramiento con un coste global de 528 millones de pesetas[6].

El informe afirmaba que “se ha producido una elevada concentración de contratos en una misma empresa (Summa Consulting), afectando a asesoramientos muy diversos, en ocasiones, en ámbitos que no eran de su especialidad, como el financiero”.

Summa Consulting asesoró a RTVE en la elaboración de su Plan de Viabilidad, un trabajo por el cobró más de 160 millones de pesetas. El Plan preveía la realización de unos programas de acción concretos vinculados a aspectos relativos a personal, financiación de RTVE, sistemas de información de la producción de TVE, S. A., y control de gestión y del gasto. Y al parecer, la experiencia fue un desastre que mereció el siguiente comentario del Tribunal de Cuentas: “El asesoramiento previsto se caracteriza por la vaguedad e imprecisión de las funciones a realizar, señalando, en lugar de contenidos concretos, acciones de supervisión y control que son propios de la acción ejecutiva de dirección del Grupo y responsabilidad de la estructura directiva de RTVE y de sus sociedades participadas”.

Jordi García Candau eliminó en junio de 1990, poco después de acceder al cargo, el único control que existía en RTVE para adjudicaciones “a dedo”. Candau justificó la eliminación de ese control por las dificultades que había tenido RTVE “para la defensa de sus intereses legales y de concurrencia en el mercado por la demora que imponen a los actos contractuales de referencia su preceptiva deliberación previa en el Comité de Dirección de RTVE”.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas resaltaba también que, pese a existir penalizaciones pactadas en los contratos con Summa Consulting por el retraso de la ejecución, aquellas nunca fueron aplicadas[7].

Los servicios prestados por Summa Consulting en el asesoramiento para una emisión de obligaciones tampoco fueron suficientemente justificados. El Tribunal de Cuentas destacó que la aprobación de ese asesoramiento se realizó “al margen de los procedimientos vigentes en RTVE, sin que se formalizara en contrato ni se exigiera aval”.

Caos publicitario

Según el Tribunal de Cuentas, TVE carecía de un procedimiento escrito que estableciera cómo reclamar la deuda de los anunciantes que no le pagaban. El órgano fiscalizador afirmaba que la gestión del cobro se hacía por teléfono y que, además, el Ente no exigía a los morosos los intereses de demora correspondientes.

“Durante el ejercicio –decía el informe– la directora de Marketing rescindió cinco contratos y comunicó a otros cuatro grupos de prensa que se rescindirían sus contratos debido a restricciones presupuestarias. Simultáneamente, el secretario general de RTVE suscribió siete nuevos contratos y aumentó el importe de otros dos. Esto ponía de manifiesto el caos existente en la gestión de la publicidad que contrataba Televisión Española. El Tribunal de Cuentas denunció que debido a esas irregularidades era imposible determinar el importe de las facturas emitidas por recargo de demora, ni su importe en los ejercicios fiscalizados.

La deuda por publicidad de Televisión Española sumaba 2.508 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1993, el último ejercicio fiscalizado al que se refería el informe del Tribunal.

Para la gestión de su publicidad, TVE empleaba un sistema denominado Enterprise, un método de facturación que se puso en marcha en enero de 1991 a través de una sociedad domiciliada en el Reino Unido y que prestaba este servicio mediante una red informática radicada en Londres.

El Tribunal de Cuentas advertía en su informe que este sistema “únicamente permite conocer la situación de la facturación, deuda, cobro, etcétera, en el día, no pudiéndose retrotraer a una fecha determinada, ni permite hacer el seguimiento de la situación de esa fecha al momento actual”. El sistema no servía, por lo tanto, para “conocer directamente, en un momento determinado, la publicidad contratada”. Tampoc permitía “relacionar directamente la deuda con los anticipos, remanentes o abonos”. Todo ello, según el órgano fiscalizador, “invalida el propio sistema como instrumento eficaz de gestión”.

Otra de las irregularidades en la gestión de la publicidad consistía en que a la Administración se le cobraba a 75 días sin recargo, a diferencia de otros clientes. El Tribunal señalaba igualmente que cuando la contratación de la publicidad de la Administración se realizaba a través de agencias, el certificado de crédito se emitía a nombre de esas agencias, lo cual era contrario a la ley, ya que el certificado debía hacerse a nombre de RTVE. En caso contrario, la agencia se encontraba obligada a presentar aval. Ni este aspecto, ni la forma de cobro a la Administración se encontraban regulados, según el Tribunal, en las condiciones generales de contratación ni en otra norma interna de RTVE.

Televisión Española cometió graves irregularidades contables al comprobarse, por ejemplo, que “facturas correspondientes a publicidad emitida por TVE en 1992 y 1993 se han contabilizado en 1993 y 1994, respectivamente, sin aplicar correctamente el principio contable del devengo”. Tampoco se conciliaban los soportes analíticos de la Dirección de Marketing con los registros contables. Por ello, según el Tribunal, “todo lo anteriormente expuesto en relación a la publicidad con grupos de prensa pone de manifiesto el deficiente sistema de control utilizado al respecto, así como la ineficacia en su organización y gestión”.

La ruina del fútbol

La gestión que realizó TVE en el área deportiva entre 1992 y 1993 supuso un incremento de los gastos de un 40 por ciento en cada uno de los ejercicios fiscalizados, al adquirir el Ente Público prácticamente la totalidad de los derechos de los partidos de fútbol y baloncesto existentes en el mercado, en algunas ocasiones con contratos que fueron  ruinosos para TVE.

El incremento en la adquisición de programas deportivos a lo largo de esos dos años supuso un desembolso final al Ente de 12.511 millones de pesetas. El Tribunal de Cuentas analizó uno a uno estos contratos firmados por TVE con los distintos clubes o federaciones deportivas y denunció que, en la mayoría de ellos, se habían realizado pagos desmesurados, firmando contratos por tiempo superior al establecido por la ley y asumiendo importantes riesgos económicos.

Unos de esos contratos fue el TVE firmó con Dorna Promoción del Deporte S.A en 1991 para adquirir los derechos del Real Madrid en competiciones europeas. El informe destacaba que TVE se comprometió a pagar el mismo importe por las retransmisiones del Real Madrid en competiciones europeas con independencia de que el equipo quedase eliminado en la primera ronda o llegase hasta la final. Esta forma de contratación supuso a TVE unas pérdidas de 576 millones de pesetas en 1992 y de 1.058 millones en 1993.

Otro contrato firmado entre TVE y el Club de Fútbol Tenerife, por el que el Ente Público se comprometía a pagar 2.000 millones de pesetas a cambio de los derechos de este club en competiciones europeas, en torneos de verano y de varios partidos amistosos, tampoco fijaba como condición que el Tenerife se clasificara para disputar torneos europeos, con lo que se comprometió a pagar los 2.000 millones de pesetas por tan sólo 13 partidos amistosos y cuatro torneos veraniegos entre 1993 y 1997. El Tribunal de Cuentas calificó de “desmesurado” el importe que comprometió TVE en este contrato.

El contrato que firmó TVE con la Asociación de Clubes de Baloncesto tampoco tenía desperdicio. RTVE desembolsó 1.000 millones de pesetas en este contrato, “cuando compartiendo los derechos con las televisiones autonómicas el coste hubiera supuesto 220 millones”.

Por otra parte, TVE adquirió entre 1992 y 1993 compromisos de gastos para ejercicios futuros superiores a los cuatro años que marcaba la ley. Esto supuso, según el Tribunal de Cuentas, que el presupuesto y el gasto de TVE para ejercicios futuros quedara condicionado a la duración de estos contratos.

También había complicaciones con empresas como Unipublic y las retransmisiones de la Vuelta Ciclista a España, y con los derechso adquiridos para las retransmisiones del Campeonato Mundial de Motociclismo, entre otros.

 


Notas

[1] TVE, S. A. acordó con la productora del programa ¿Qué apostamos? el pago anual anticipado de 29.000 marcos alemanes por cada programa contratado en concepto de «royalties de emisión», y se comprometió a adelantar, antes del inicio de cada una de las series de once programas, el 60 por ciento de los gastos totales contratados para cada serie y el importe global de los “royalties de emisión”. TVE, S. A., aceptó, en contra del criterio general aplicado en el resto de producciones, la supresión del requisito de presentación de aval bancario sobre las cantidades adelantadas.

[2] El periodista Juan Luis Galiacho dio cuenta del derroche que se produjo bajo la gestión de Jordi García Candau en RTVE en la tesis doctoral que presentó en la Universidad Complutense, en marzo de 2000, bajo el título El oligopolio catalán en los medios de comunicación españoles, donde resaltaba la idea de que muchas de las productoras que se hicieron de oro en este periodo pertenecían al clan de los catalanes en Madrid, liderado por el director de TVE, Ramón Colom Esmatges, bajo la batuta de Jordi García Candau.

[3] Jordi García Candau fue jefe de los servicios informativos de Radiocadena Española cuando el Psoe alcanzó el poder en octubre de 1982. Estaba a las órdenes de Calviño. Cuando llegó Pilar Miró, fue cesado en el cargo.

[4] Cuota de audiencia.

[5] Fuente: Galiacho, Op Cit.

[6] Los proyectos tenían que ver con las siguientes materias: Plan de viabilidad; Contratos para el área de personal; Contratos relativos a la gestión presupuestaria; Contratos para la implantación de sistemas de gestión de la producción y Asesoramiento para una emisión de obligaciones.

[7] El plazo de ejecución del Plan de Viabilidad, por ejemplo, se estableció hasta enero de 1992, pero el Plan fue prorrogado desde el 20 de enero hasta el 29 de febrero de 1992 por importe de 24 millones de pesetas, desechándose, por parte de RTVE, la continuación del proyecto hasta octubre de 1992. La factura correspondiente a este último contrato fue retenida por RTVE hasta el 6 de julio de 1992, al no haber presentado hasta esa fecha la sociedad asesora un informe final que se considerara válido como justificación de la culminación de los trabajos realizados. A pesar de que el pliego de cláusulas jurídicas establecía una penalización de 15.000 pesetas diarias por el retraso ocasionado, RTVE no realizó deducción de las cantidades debidas por el incumplimiento. Este fue uno de los contratos examinados por el Tribunal, que diseccionó en detalle cada uno de los que firmó Summa Consulting con RTVE sin dejar títere con cabeza.

BIBLIOGRAFÍA

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