En 2003, la deuda de las cuatro televisiones autonómicas más activas superaba los 1.400 millones de euros. La televisión catalana, con 762 millones, era la que más debía, seguida de la valenciana, de Telemadrid y del canal público gallego. En esta lista no aparecían ni la televisión andaluza y ni la vasca. Pero eso era porque los gobiernos de estas comunidades realizaron aportaciones económicas importantes que taparon sus agujeros para dejar a sus televisiones sin deudas aparentes.
La situación resultaba insostenible por sí sola. Si además se tenía en cuenta la deuda desorbitada de RTVE, el agujero de las televisiones públicas superaba el 1 por ciento del PIB español.
Los Gobiernos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid habían copiado en sus televisiones autonómicas el modelo financiero de RTVE, basado en el déficit y en el endeudamiento creciente y a largo plazo para financiarlo.
De los 762 millones de euros que debía la televisión catalana, 739 millones correspondían a créditos a largo plazo, mientras que los otros 23 millones eran a corto plazo. A final de ese año estaba previsto que la deuda aumentase hasta los 857 millones. El ente catalán es, con diferencia, el más grande y deficitario de los autonómicos, con seis empresas filiales y varias participadas, entre ellas Audiovisual Sport.
Al cierre de 2003, la televisión valenciana arrastraba una deuda a largo plazo de 407,143 millones de euros. Telemadrid, por su parte, debía a finales de 2001 125,010 millones de euros y desde esa fecha la Comunidad de Madrid dejó de avalar la nueva deuda. La Televisión gallega, que también presenta un epígrafe de endeudamiento en su balance, es un caso particular porque se encuentra, desde 1999, en un proceso de liquidación del mismo. En 2004 estaba previsto que redujera su deuda a 10 millones de euros frente a los 55,4 millones que arrastraba diez años antes. Su plan prevé amortizar totalmente la deuda histórica en 2006.
La progresiva reducción de la deuda de la televisión gallega responde al plan de saneamiento aprobado por el Gobierno de Manuel Fraga en 1994. Desde entonces, el ente público gallego se financia sólo mediante subvenciones del gobierno regional y los ingresos propios derivados de la publicidad y de la venta de productos.
No vamos a reproducir aquí todos los problemas que han acumulado las televisiones autonómicas a lo largo de los últimos 15 años, que son similares a los que arrastra RTVE, pero sí vamos a subrayar tres ideas fundamentales: los toques de atención que han recibido los gobiernos autonómicos de la Comisaría Europea de la Competencia por avalar las deudas de sus televisiones; el hecho de que muchas de esas televisiones hayan servido y sirvan de pesebre político a las estrellas que abandonan la televisión estatal; y la puerta que abrieron los últimos años de Gobierno del PP a la privatización de los entes autonómicos como única salida a su situación.
Las televisiones valenciana, madrileña y catalana no sólo reciben fondos de los bancos, sino que siguen cubriendo parte de las pérdidas con subvenciones. En el caso de las televisiones catalana y valenciana, las deudas son cada año mayores, mientras que las subvenciones apenas aumentan, lo que lleva a elevar la deuda año tras año y entrar en el círculo vicioso de endeudarse para poder pagar los crecientes gastos financieros, entre otras cosas.
El ex ministro de Ciencia y Tecnología con el PP, Josep Piqué, se empeñó en sacar adelante una ley audiovisual que regulaba todo el sector, incluidas las televisiones públicas, que dejaba abierta la puerta a una eventual privatización de su gestión. Al final, la ley fue paralizada por José María Aznar ante las críticas que se le venían encima.
El Gobierno valenciano, que hasta julio de 2003 estaba presidido por José Luis Olivas, intentó poner remedio a esta situación con la privatización de Canal 9, su principal cadena. Para ello licitó tres concursos para realizar informativos, la producción de 1.800 horas de programación y la gestión de la publicidad. Pero el nuevo Gobierno de Francisco Camps, también del PP, los paralizó cuando estaban a punto de adjudicarse tras conocerse el fallo del Juzgado de lo Contencioso Número Dos de Valencia, que anuló las propuestas del pliego de condiciones para la contratación de los informativos, programas y publicidad de la cadena autonómica.
La sentencia decía que el proceso de privatización atentaba contra la Ley de Creación del ente autonómico y la Ley de los Terceros Canales, e indicaba que la propuesta de modificación del Plan de actuación no demostraba que la privatización fuera a suponer “un importante ahorro de recursos públicos”, ni contenía ningún “estudio de la repercusión que pueda conllevar a las contrataciones que se ofertan a la empresa privada”.
Lo importante de este episodio fue que el PP quedó perfectamente identificado como favorable a la privatización de los entes autonómicos frente a la posición mantenida por el Psoe en defensa de las televisiones como servicios públicos que debían responder a unos criterios distintos de los meramente comerciales.
Pasado el tiempo, este dilema se resolvió con la puesta en marcha del nuevo marco audiovisual. Sin embargo, cabe resaltar la solución que presentó Manuel Fraga para la televisión gallega, al adelantarse en 1994 a los deseos del comisario europeo Mario Monti y a las intenciones de los partidos políticos de poner en marcha un plan de saneamiento de la Compañía de Radiotelevisión de Galicia.
El ente gallego siguió el camino inverso al de RTVE, TV3, Canal 9 y Telemadrid. El plan gallego ha ido eliminando paulatinamente la deuda histórica, que en 1994 ascendía a 55,4 millones y en 2006 debería estar completamente liquidada.
La solución supone que la Xunta de Galicia sufrague con cargo a sus Presupuestos Generales y a su compromiso de déficit cero las pérdidas operativas del ente, que en 2004 ascendieron a 80,94 millones.
El resto de televisiones autonómicas también se financian mediante los ingresos que generan y con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, según figura en sus respectivas leyes de creación. Así lo hacen las dos más jóvenes, Canarias y Castilla-La Mancha. Y también Canal Sur, que no tiene deuda porque la engulle el Gobierno de Manuel Chaves. Euskal Telebista tampoco tiene deuda a largo plazo, gracias a las cuantiosas subvenciones del Gobierno vasco, que en 2002 firmó un contrato programa para el periodo 2002-2005 que garantiza al ente unos ingresos de 417 millones procedentes de las arcas públicas.
El ex ministro Piqué se dio cuenta de la importancia que tenía para su partido aprobar una Ley Audiovisual bajo el mandato del PP. Su idea, aparentemente, era “dar estabilidad a la televisión pública”, pero a nadie se le escapaba que la privatización de las televisiones autonómicas representaba un jugoso caramelo para determinados empresarios del sector.
La Ley Audiovisual de Piqué quería limitar los ingresos publicitarios de las televisiones públicas y establecer incompatibilidades entre los empresarios que poseían participaciones en cadenas de ámbito nacional y en las locales.
Al no aprobar esta ley en su momento, el PP perdió el tren de las telecomunicaciones que luego ha retomado el Psoe con la aprobación del nuevo marco audiovisual en junio de 2005. Tal y como veremos después, el Psoe permitiría que grupos como Prisa, al que el PP quería parar los pies, lograran con los socialistas todo lo que algún día pudieron soñar.
El Gobierno del PP recibió del Psoe una herencia audiovisual parecida a la que recientemente recibió el Psoe del PP. Y eso fue posible porque tras ocho años en el Gobierno, el PP no logró dar la vuelta al sistema de televisiones públicas que funciona en España. En Europa, todas las televisiones públicas sufren restricciones publicitarias mucho más importantes que en España y, a la vez, cuentan con subvenciones mucho mayores que las que se dan en España. Por tanto, el sistema público de televisiones es posible, sin llegar a privatizar nada, siempre que los gobiernos estén dispuestos a sostener sus gastos estableciendo los correspondientes mecanismos de control.
Sin embargo, en España, las televisiones públicas han funcionado como refugios ideológicos de los correligionarios de cada partido.
El caso de Canal Sur es paradigmático en este sentido. Si bien, como hemos dicho, esta televisión no arrastra una deuda apreciable por la financiación que recibe de la Junta de Andalucía, hay que decir que se ha convertido en un verdadero diamante en bruto para las productoras afines al Psoe.
En mayo de 2005, El Mundo puso el dedo en la llaga cuando denunció que “doce empresas denominadas pata negra recibieron 53 millones de euros entre 1999 y 2004”. El periódico resaltaba que la cadena autonómica nunca había hecho una convocatoria pública para contratar programas
y que, en cambio, había contratado con diez ex directivos el 43 por ciento de su presupuesto para productoras.
En concreto, las doce productoras en cuestión habían recibido adjudicaciones de Canal Sur por valor de algo más de 53 millones de euros (casi 9.000 millones de pesetas). Esas productoras estaban ligadas a ex directivos de Canal Sur que mantenían una relación privilegiada desde hace años con la televisión pública andaluza.
Desde 1999 hasta 2004, los principales contratos de la televisión pública andaluza recayeron en 42 productoras que recibieron 125 millones de euros (casi 21.000 millones de pesetas). “Frente a los más de 53 millones de euros que le facturaron las 12 productoras pata negra a Canal Sur –escribía Silvia Moreno en El Mundo–, las otras 30 empresas se tuvieron que conformar con algo más de 71 millones de euros, que representan el 57 por ciento del total”.
Las productoras más agraciadas por Canal Sur, además, estaban controladas por diez ex directivos de la cadena autonómica, entre los que destacaban dos ex directores generales de la RTVA, Salvador Domínguez, que fue el primero, y Manuel Melero, que ocupó este puesto entre 1990 y 1994.
El resto eran Francisco Cervantes, Francisco Romacho, Pedro Recuenco, Julián Pavón Fuentes, Francisco Lobatón, Juan Luis Manfredi, José María Durán Ayo y Ricardo Llorca.
Francisco Cervantes fue director de Canal Sur Televisión en los años 1988 y 1989, y es el ex directivo de Canal Sur que ha conseguido mejores contratos a través de dos sociedades, Productora Cinematográfica Veintinueve y PC 29 Televisión. “Con la primera empresa –precisaba El Mundo–, en la que figura como administrador único, ha obtenido de la RTVA cerca de 13 millones de euros en contratos (2.125 millones de pesetas) entre 1999 y 2004”. Después, las adjudicaciones de la televisión pública a Cervantes se realizaron a través de PC 29, que tiene los mismos socios y prácticamente el mismo nombre. “Con esta sociedad, constituida en mayo de 2003, ha logrado más de 4,2 millones de euros (701 millones de pesetas) en contratos de la RTVA”, afirma la información de El Mundo.
En la productora ZZJ coincidían tres antiguos directivos de la cadena: Francisco Romacho, Pedro Recuenco y Julián Pavón Fuentes.
Francisco Romacho fue jefe de Programación de Informativos de Canal Sur Televisión durante cuatro años, entre 1990 y 1993, director de Canal Sur Radio en 1995 y subdirector general de Desarrollo y Operaciones de la RTVA. Pedro Recuenco fue director Comercial de la cadena pública en los años 1996 y 1997, mientras Julián Pavón fue director de Producción entre 1988 y 1999.
Los tres, según El Mundo, están vinculados al principal socio y actual consejero delegado de la productora ZZJ, José María Zafra Benjumea, a través de las sociedades Mundovisión MGI 2.000 S.A. y Ficciones del Sur.
Por su parte, Manuel Melero Muñoz, que fue director general de RTVA durante cinco años, entre 1990 y 1994, aparecía como propietario de la sociedad Media Planet Internacional, que ha facturado a Canal Sur Televisión más de 500.000 euros.
El otro gran beneficiario de la cadena andaluza es Francisco Lobatón, que fue jefe de Programación de Informativos entre 1988 y 1989 y después ha dirigido y presentado el programa Siete Lunas. Lobatón es el administrador único de la productora Red Acción 7 Andalucía, la sexta que más le ha facturado a Canal Sur Televisión entre 1999 y 2004, con un total de cinco millones de euros (866 millones de pesetas). Resulta curioso observar cómo Lobatón hizo su agosto primero con Radiotelevisión Española, al contratar su célebre programa Quién sabe dónde, y luego encontró refugio en Canal Sur para seguir cobrando cantidades millonarias a costa de su buena relación con el poder socialista. Otros profesionales, como Tom Benítez o Manuel Campo Vidal, periodistas de confianza del Psoe, también hicieron el mismo recorrido, primero en RTVE y luego en Canal Sur.
La novena productora que denunciaba El Mundo era Atrium Digital, una sociedad con la que estaban relacionados, a través de sociedades interpuestas, dos ex directivos de la RTVA. El primero es José María Durán Ayo, que fue director de Canal Sur Radio en 1989 y director de Canal Sur Televisión en 1990. El segundo, Juan Luis Manfredi, que fue directivo de Relaciones Externas de Canal Sur entre los años 1989 y 1991.
Para poner un ejemplo en el otro extremo del arco político, hay que decir que lo mismo ocurre en Telemadrid, donde antiguos directivos de TVE bajo el mandato del PP recalaron en la televisión autonómica madrileña en busca de nuevas contrataciones para sus productoras.
Miguel Angel Sacaluga, consejero socialista en RTVE realizó un retrato del estado en que se encontraba Telemadrid a finales de 2004 que no tenía desperdicio[1]. Después de apuntar que la cadena había cosechado los datos de audiencia más bajos desde hace diez años y que los nuevos programas de la parrilla estaban por debajo de la media de la cadena, recordaba que Telemadrid era entonces la televisión con menor share de todas las autonómicas.
Esta bajada en picado de la audiencia coincidía además con la contratación de programas a productoras relacionadas de un modo u otro con directivos del PP en RTVE. Entre los programas puestos en marcha por el director general de Telemadrid, Manuel Soriano, que antes de recalar en este puesto había sido jefe de prensa de Esperanza Aguirre en el ministerio de Cultura, destacan Gran Vía de Madrid, Alcalá club, Metro a metro, Capital y Abierto por la mañana. Este último llegó a ser eliminado de la programación por falta de audiencia.
El caso es que todo esos programas están realizados por productoras privadas cuyos accionistas son conocidos por su proximidad al PP.
Gran Vía de Madrid corría a cargo de productora La Granota Groga, en la que participa Jorge Sánchez Gallo, que ocupó la dirección de Televisión Española en 1996, poco después de que el PP ganara sus primeras elecciones generales. Por cada una de las ediciones de este magacín de tarde, Telemadrid abonaba 14.000 euros.
El concurso Metro a metro, producido por BocaBoca, está presupuestado en 17.300 euros por entrega. Curiosamente, en BocaBoca Producciones, S.L. aparece como consejera la ex directora general de RTVE con el PP, Mónica Ridruejo Ostrowsca.
Otro de los nuevos espacios, Alcalá club, está firmado por Martingala-Sísifus Producciones, en la que participa Pío Cabanillas, también ex director general de RTVE y ex ministro portavoz de José María Aznar. En este caso, el precio de cada una de las 13 ediciones pactadas es de 72.000 euros, según datos procedentes del ente público.
La dirección de Telemadrid negó que se hubiera cometido ninguna irregularidad porque no existía ningún tipo de incompatibilidad al contratar con empresas vinculadas a ex altos cargos de RTVE. Resultaba sorprendente comprobar que el subdirector de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, había dirigido TVE en la etapa en que Fernando López-Amor dirigió el Ente, y que muchas de las productoras contratadas estuvieran relacionadas con el entramado audiovisual del PP.
Otro de los programas que puso en marcha Soriano fue la serie Capital, realizada por Zebra Producciones en colaboración con Zeppelin, una productora, esta última, conocida por haber sido absorbida por Endemol, el gigante audiovisual con pies de barro que atrapó el PP a través de Telefónica, al que también se acababa de incorporar como directivo Álvaro de la Riva, otro ex director de TVE. Cada capítulo de Capital le costó a Telemadrid 42.000 euros, y contrató 65.
Como se ve, las televisiones autonómicas han venido a reproducir el esquema de RTVE tanto desde el punto de vista financiero como por el amiguismo que ha caracterizado la gestión de sus dirigentes. En el caso de Telemadrid, las denuncias de los propios trabajadores por la manipulación que han sufrido sus programas informativos bajo la dirección de Manuel Soriano ocuparon páginas en muchos periódicos.
Pasado el tiempo, con la llegada de las televisiones locales y, sobre todo con las televisiones digitales, es de esperar que la situación de estas empresas se agrave si no optan por sistemas de gestión menos opacos y más comprometidos con sus misiones de entidades de servicio público.
Notas
[1] El país. 1 de diciembre de 2004.
BIBLIOGRAFÍA
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Etiquetas: Canal 9, Canal Sur, Comunicación, Euskal Telebista, Radio televisión Española, RTVE, Telemadrid, TV3
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