La gestión de Rafael Ansón al frente de Radio Televisión Española

Periodista, escritor y profesor. Nació en Madrid en 1963. Es Doctor y Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad ejerce como profesor de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Como investigador, es autor de varios libros y documentales sobre actualidad política, comunicación y cultura.


RESUMEN
El periodo que le tocó gestionar a Rafael Ansón en Radio televisión Española (julio de 1976-noviembre de 1977) sentó las bases del caos financiero que hoy arrastra RTVE. Bien es cierto que estableció los cánones de una televisión más dinámica y profesional, que descubrió nuevos rostros y que modernizó el medio como hasta entonces no se había hecho. Sin embargo, todo ello fue posible a partir de un derroche que una auditoría demoledora se encargó de retratar. Dicha auditoría puso de manifiesto el desorden con el que había funcionado hasta entonces RTVE. El estudio económico permitió a su vez poner orden por primera vez en las cuentas y el funcionamiento de un ente cuyos responsables desconocían incluso el patrimonio con el que podían contar.
ABSTRACT
The period that he had to manage to Rafael Ansón in Radio Spanish television (July of 1976 - November of 1977) sat the bases of the financial chaos that today RTVE drags. Well it is true that established the cánones of the most dynamical and professional television, which discovered new faces and which modernized the way since till then it had not been done. Nevertheless, all this was possible from a waste that a devastating audit took charge portraying. The above mentioned audit put of manifest the disorder with which RTVE had worked till then. The economic study allowed to put in turn order for the first time in the accounts and the functioning of an entity which persons in charge were not knowing even the patrimony which they could possess.

La llegada de Fernando Arias Salgado a la Dirección General de RTVE provocó el enrarecimiento político de la casa. Durante su mandato se perdió pulso televisivo y la gestión se diluyó en peleas políticas que fueron dando una mayor presencia a socialistas y comunistas de cara al gran cambio de 1982.

Arias Salgado sufrió el acoso del Psoe, pero bajo su mando la sociedad conoció por primera vez lo que le costaba ese invento llamado televisión. Hasta entonces, los aspectos financieros del negocio no habían llamado la atención. Fue con las primeras denuncias del Psoe y la formación del primer Comité Anticorrupción como los ciudadanos empezaron a reparar en fabuloso derroche que suponía RTVE.

Las cuentas no estaban claras y la desastrosa situación del ente quedó a la intemperie cuando se conoció la auditoría de la Intervención de Hacienda que el Gobierno ocultó durante ocho meses antes de que el diario El País publicara un resumen de la misma.

El Ministerio de Hacienda ordenó una auditoría de las cuentas y gastos de RTVE a mediados de 1978. La auditoría concluyó al filo del  verano y, desde entonces, durmió el sueño de los justos en los despachos de media docena de altos cargos de la Administración, sin que nadie hiciera pública ninguna medida para corregir la gravedad de los hechos.

En 1979, RTVE era un pequeño monstruo que tenía previsto gastar más de 30.000 millones de pesetas, de los cuales casi 9.000 millones se cubrirían con cargo a los Presupuestos del Estado, sufragados por todos los españoles. El resto estaba previsto que se financiara con a cargo a la publicidad, cuyo coste, por otra parte, también se repercutía en los consumidores.

Los interventores de Hacienda trabajaron en las cuentas de RTVE durante nueve meses, desde octubre de 1978, sorteando todo tipo de inconvenientes. El informe ponía de relieve múltiples irregularidades que podían llegar a constituir delitos. Los interventores se sorprendieron al comprobar que en RTVE era normal lo que en cualquier otro organismo o empresa resultaba escandaloso.

El informe llegaba a la conclusión de que los productores  de programas disfrutaban durante años de fondos sin justificar por valor de millones de pesetas, que se quedaban con filmaciones y grabaciones sin que a casi nadie en la casa le pareciera anormal, que pagaban a los artistas en especie, en vestidos, por ejemplo, para evitarles impuestos, que gastaban millones de pesetas en comidas y alquileres de coches.

Las conclusiones del informe eran aparatosas. En RTVE no existían datos fiables sobre las cuentas, los gastos, las compras, el patrimonio, o la plantilla. Acerca de las compras de RTVE, por ejemplo, el informe decía: “La situación propicia la despreocupación por los precios y arroja serias sospechas de inmoralidad. Decimos sospechas porque hay personas de la casa que confiesan haber recibido ofertas de comisiones de proveedores. Naturalmente, si alguien las aceptó, no lo confiesa. Sí podemos asegurar que, dada la dispersión y desorganización de las compras, se dan las condiciones ideales para prácticas fraudulentas[1].

Lo que sigue es un resumen casi textual de las conclusiones del informe. Sobre las cuentas, afirmaba que en RTVE hay abundante y hasta excesiva información contable, pero no puede hablarse de la existencia de un sistema auténtico de información contable. Es imposible elaborar un balance, estados de pérdidas y ganancias ni los demás estados que el plan contable denomina cuentas anuales.

En RTVE no existía concepto de coste, aunque se manejaban cada año miles de millones de pesetas del Tesoro. Sólo podía hablarse del concepto de pago y de gasto. Estos gastos y pagos se producían mientras había dinero o el proveedor podía aguantar el retraso para cargarlo a presupuestos posteriores. También se desconocía el concepto de amortización o renovación. Nadie tenía normas sobre cómo se declaraba obsoleto o inútil un bien de la casa. No había un control del gasto que mereciera tal nombre ni, de hecho, se sabía quién gastaba, por qué gastaba y cuánto gastaba realmente.

Tampoco había control de deudores, de forma que los clientes, con la excepción quizá del departamento de publicidad, que tenía sus cuentas más integradas y organizadas, podían pasar años sin liquidar sus compromisos. El informe llamaba la atención sobre el hecho de que en RTVE no había inventario. No se sabía cuál era el patrimonio material e inmaterial de la casa. Tampoco existía contabilidad patrimonial, ni inventario, ni control de la depreciación de los bienes, ni estudio de rentabilidad sobre los mismos. Desde el punto de vista organizativo, los interventores comprobaron que no estaban reguladas las relaciones entre los diversos y confusos órganos centrales periféricos, de producción, de emisión o de control.

En RTVE no existía plan de inversiones. Lo más parecido a eso que encontraron los interventores fue un presupuesto que se preparó para el cuatrienio 1979-1983 y se incumplió en el primer trimestre de 1979 de forma flagrante. Este plan parcial, además, se refería sólo a algunos aspectos del gasto, que no inversión, de la casa.

Eran frecuentes las prácticas heterodoxas en la adquisición de material, equipos y bienes, y lo excepcional eran las contrataciones regulares con concursos abiertos y adjudicaciones limpias.

Respecto al personal y las retribuciones, el informe decía que en RTVE no había certeza sobre el número de trabajadores que componían su plantilla –“parece que son algo más de 8.500, con un aumento del 23% en dos años”, decía–. El crecimiento de la nómina en número de titulares tenía carácter espontáneo y podía estimularse desde los niveles más bajos por el mecanismo del contratado, que con el paso de los meses pasaba a fijo con sentencia favorable de Magistratura.

En RTVE, por tanto, no había una plantilla orgánica. Existían puestos sin función, áreas con gran exceso de personal, otras con menos del mínimo, subempleo, jornadas de trabajo que batían récords mundiales por su corta duración… Todo este desbarajuste de personal podía resumirse en esta frase del informe que revelaba la impotencia que experimentaron los interventores para el análisis: “¿Qué juicio merecería una empresa cuya contabilidad se encargase a peritos agrícolas, donde los contables hicieran los trabajos de fresa y los fresadores hicieran el reparto de los pedidos? Pues bien, en Radiotelevisíón Española hay auxiliares de programación presentando programas, redactores que realizan programas, realizadores que presentan, conserjes que filman reportajes y hasta locutores de radio que pasan por ejercer sus tareas ante las cámaras si se les asigna este plus que capacita para todo”.

Había igualmente ayudantes de camareros que hacían de redactores y redactores que no hacían nada, ni siquiera pisar un edificio de la casa.

Durante el mandato de Rafael Ansón como director general, en RTVE se consiguió un reconocimiento de facto de la jornada de 35 horas semanales, que representaban 1.605 horas anuales, según consta en el informe, y que en muchos casos podía reducirse a nada. Junto a esto se había incrementado el gasto –“no podemos decir coste”– por horas extras, por trabajos en festivo y por otros muchos conceptos cuya relación facilitaba pistas interesantes para analizar la picaresca laboral.

El informe afirmaba que todas estas condiciones se establecieron sin que existiera un control que mereciera tal nombre sobre su cumplimiento, lo cual quedaba al arbitrio de la conciencia o estado de ánimo de cada empleado. A lo largo de sus páginas, el informe destacaba en diversas ocasiones la responsabilidad y seriedad en el trabajo de muchos trabajadores y mandos intermedios de la casa y dedicaba siempre sus críticas y comentarios más duros a la dirección, que había conseguido establecer un sistema en el cual lo más fácil era no trabajar y cobrar.

El esquema de retribuciones del personal definido en la ordenanza se había ido complicando de forma que constituía un galimatías de difícil comprensión con abundancia de conceptos del tipo de “gratificación de mando, especial responsabilidad, plus de permanencia, plus de diferencia de nivel, gratificación de secretaría e idiomas, retribución de corresponsalía en el exterior, paga extra de octubre, complemento familiar voluntario, ayuda escolar, gratificación de vivienda, gratificación de vestuario, gratificación compensatoria de libranza, plus de programa, complemento de destino orgánico y asimilado…” Todo ello, además del salario inicial, que incluía antigüedad, pagas extras, plus de puesto de trabajo, más pluses por nocturnidad, peligrosidad, toxicidad, penosidad y otros.

Por otra parte, se desconocía cuál era el patrimonio de RTVE, pese a ser un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio desde 1977. Se desconocía el patrimonio tanto material (edificios, terrenos, equipos, etcétera) como inmaterial (propiedad intelectual, marcas, derechos … ). El absoluto descontrol presupuestario y de inversión que gobernaba la casa producía situaciones como la que relata el informe: “Hay casos como el de estar pagando quinientas pesetas diarias, es decir, 172.500 al año por el alquiler de un equipo de flash cuyo coste es de 130.000 pesetas en el mercado, el del alquiler de un micro direccional, también por quinientas pesetas al día, que en la tienda vale 140.000 pesetas y que puede adquirirse en un proveedor por 90.000 pesetas, según oferta hecha al jefe de compra de un organismo oficial”.

En RTVE tampoco existía el concepto de reposición. Sobre este tema puede resumirse la situación con este párrafo insólito en cualquier auditoría normal: “Las reposiciones, en muchos casos, están subordinadas a consideraciones ajenas a la gestión. Los órganos encargados de redactar proyectos o tramitar expediente de adquisición reciben órdenes en muchos casos incongruentes por la escasa planificación existente en RTVE, órdenes que no nos atrevemos a llamar claramente políticas por falta de pruebas concluyentes, pero está claro que nada tienen que ver con la gestión correcta del servicio público desempeñado por RTVE. Podemos concluir que la política de reposiciones es casuística y poco tecnificada”. El informe se preguntaba más adelante “¿Quién decide en RTVE una inversión?, ¿en base a qué criterios? A la primera pregunta podría contestarse que, según las épocas, al parecer, han sido la Comisión Ejecutiva o la Junta de Inversiones los órganos colegiados que decidían. A la segunda pregunta no es posible contestar por falta de información”.

Los interventores de Hacienda se encontraron también con que tampoco estaba organizado en RTVE la función de almacenaje. Al respecto, el informe decía: “Existían en RTVE almacenes. Muchos almacenes. Pero puede asegurarse que nadie conoce el número exacto ni su situación. La característica más acusada del almacenaje en RTVE es su total anarquía”. Y añadía: “Esto no quita que existan almacenes organizados con responsables que son verdaderos profesionales”. El informe hablaba de decenas de almacenes, y también elevaba a categoría la existencia de “almacenillos” que cada ente de la casa iba creando por su cuenta.

En RTVE no podía hablarse de un archivo serio de temas como la documentación filmada propia de la casa. El informe afirmaba: “La propiedad más preciada de RTVE, su propia producción intelectual, está inadecuadamente controlada y es utilizada en muchos casos para bienes particulares”. Por ejemplo, todos los programas de El hombre y la Tierra, documentos valiosos y costosos, estaban fuera del control de los responsables de la filmoteca. Las filmaciones de España, siglo XX, de gran valor histórico, estaban, al parecer, almacenadas en otro organismo. El informe decía: “Existe el caso de directores, productores o realizadores que consideran que las filmaciones de sus programas son propiedad privada y llegan a negarse rotundamente a devolverlas. Los casos son numerosos. Se cita como más destacado el caso de Tico Medina”. Como buen número de filmaciones y sonorizaciones tenían que hacerse fuera de RTVE, se daba el caso grave de que no se conocía cuántas y qué filmaciones propiedad de RTVE estaban en poder de laboratorios particulares.

El almacén de vestuario, entre otros, estaba prácticamente fuera de control y se producía el hecho de que ropas adquiridas por programas cancelados seguían en manos de los responsables de los mismos sin que se hubiera producido su devolución. El informe hablaba del eufemismo de los llamados “depósitos personales” que se utilizaban para enmascarar “apropiaciones indebidas” que podrían ser delitos.

La compra o adquisición por concurso, típica en toda la Administración y organismos públicos, era algo excepcional en RTVE. En cambio eran habituales las compras por contratación directa. El informe decía: “se ha comprobado que los precios pagados por RTVE están en promedio un 10% por encima de los normales del mercado. Este porcentaje sería muy superior si los precios se compararan con los que podrían obtenerse si hubiera una adecuada gestión de compras con proveedores”.

De forma casual y accidental, se descubrió que en la compra de algunos equipos se había llegado a pagar un recargo de hasta el 91,32% sobre los precios de mercado sin causas justificadas. Para el reacondicionamiento de las cabezas de vídeo y audio –operación básica de mantenimiento de equipos fundamentales– se pagó durante años un precio un 40% superior al que ofrecían los mismos contratistas en otros casos, porcentaje al que habría que añadir las comisiones de los intermediarios.

En RTVE no era posible realizar una auditoría de los gastos que solían hacerse por inercia o capricho y mientras hubiera dinero. El informe decía: “Existen servicios que reconocen, sin reservas, que realizan gastos sin límite alguno y piden a los proveedores facturas sin fecha para ponerlas en circulación cuando se pueda”.

Tampoco existía control ni información sobre la magnitud de los gastos más corrientes de oficina, de transporte, de obras y reparaciones y de otros servicios similares.

En cuanto a la producción, el informe afirmaba que en RTVE “no existe planificación ni a medio ni a largo plazo, y de esta carencia se derivan consecuencias graves, como son la imposibilidad de elaborar planes de producción, de utilización de medios y de identificación de responsabilidades”. Las emisiones se programaban cada tres meses, y sólo para el trimestre siguiente, con lo cual los planes de producción de programas no tenían apenas virtualidad. Los guiones solían aparecer poco antes de la fecha de emisión, con lo que todo tenía que hacerse deprisa y corriendo.

Los interventores no pudieron verificar la existencia de un registro de proyectos o índice de propuestas o ideas presentados, aunque sus responsables decían que existía. No les fue posible tampoco verificar el stock de guiones, su fecha de entrada y propuesta, los mecanismos de aprobación y pago, y finalmente, su puesta en práctica y emisión definitiva.

En RTVE costaban más del doble los doblajes de los telefilmes convencionales de una hora que su propia adquisición. Los doblajes se hacían en alguna de las diecisiete empresas dedicadas a ello, que eran capaces, según el informe, de constituir un oligopolio eficiente a la hora de fijar los precios.

El informe constató que en RTVE era posible firmar contratos de producción con posterioridad a que el programa estuviera hecho, o suscribirlos sin fecha. Se producían casos curiosos, como el de la serie La Barraca, que costó a RTVE nueve millones de pesetas por capítulo, un total de 81 millones de pesetas y, sin embargo, una serie similar emitida anteriormente, Cañas y barro, de la misma productora y con costes muy similares, aunque menores por su anterioridad, costó a RTVE por capítulo 11,2 millones de pesetas.

En RTVE era frecuente que se contratase a productores privados más o menos ocasionales que llegaban y se iban con un  programa, con el único objetivo aparente de garantizar derechos de propiedad a particulares, que en algunos casos eran a la vez empleados de RTVE. Por ejemplo, el programa titulado Un mito llamado…, ya emitido, se contrató en marzo de 1977 a una sociedad, Filmes 77, creada dos meses antes y presidida por el director, realizador y guionista del programa, Juan Guerrero Zamora. Guerrero cobró aparte, como guionista, 60.000 pesetas por programa, decía el informe, e impuso como protagonista de los diez episodios a Nuria Torray.

Otro caso concreto, hablaba de María Antonia Abad Fernández, más conocida por Sarita Montiel, que fue contratada verbalmente para el programa 300 millones por 200.000 pesetas, que fueron abonadas en vestuario y arreglos musicales para evitar el embargo que estaba impuesto por la Recaudación de Hacienda de La Latina, de Madrid. Asimismo, se vendían bienes sin capacidad para ello, como los vehículos utilizados para filmar el programa La segunda oportunidad, que fueron adquiridos por el productor y director del programa, Paco Costas, y aplicados a la cancelación de anticipos del productor, aunque posteriormente, por la actuación del equipo interventor de Hacienda, se aplicaron a la cuenta de ingresos de RTVE.

Un párrafo curioso del informe señalaba que “A la vista de algunos contratos, pudiera pensarse que RTVE contrata al artista desnudo –hecho que no se especifica en ninguna cláusula del contrato– y posteriormente lo viste. Tal es el caso de Marujita Díaz, que percibió 75.000 pesetas por el concepto de vestuario al margen de las 109.890 correspondientes a su actuación en el programa Cantares”.

¿Dónde está el guión?

La auditoría de Hacienda supuso un cambio brusco para los trabajadores y responsables de RTVE. Hasta entonces nadie se había preocupado de pedirles cuentas sobre sus gastos. Hasta 1976, el funcionamiento de RTVE había transcurrido entre el descontrol y el mecenazgo sin límites de Hacienda, que se dedicaba a proporcionar el dinero sin conocer su destino real. Esta situación provocó que las productoras hicieran su agosto en RTVE.

La primera conclusión a la que llegaron los interventores de Hacienda es que resultaba imposible conocer los costes reales de los programas. Los directivos de RTVE entendían que Prado del Rey era la sede central de RTVE y que como tal era el centro de producción de programas. Sin embargo, los inspectores adivinaron desde el principio que la producción de programas no era más que un pozo sin fondo que beneficiaba a las productoras gracias a la gestión sin control de los responsables de RTVE.

Los interventores llegaron a la conclusión de que la función de RTVE se reducía a la aportación de dinero, mucho dinero, para la producción de programas por parte de sociedades y entes privados que se beneficiaban del caos imperante desde la aprobación de una idea hasta la emisión del programa.

Según los interventores, los gastos en producción se realizaban con gran discrecionalidad. Al final, se ignoraba cuál era el coste real de cada producto. La tónica general era que RTVE contrataba ideas sin concretar gran cosa, de modo que a última hora el guión se tenía que improvisar.

El informe advertía a modo de prefacio que el objetivo de RTVE era la emisión de programas y que por tanto la existencia de los mismos suponía su producción, y que para ésta se requerían medios tanto materiales como personales que necesitaban una planificación. Pues bien, el informe afirmaba que dicha planificación no existía en RTVE, a pesar de los medios con que contaba el ente para llevar a cabo su actividad.

En consecuencia, el informe indicaba que la utilización de los abundantes medios materiales y personales de RTVE dejaba mucho que desear, haciendo prácticamente inevitable la contratación de empresas ajenas a la voluminosa y costosa estructura del organismo. Esta situación redundaba en una inexplicable infrautilización de sus recursos y por lo tanto en gastos inncesarios que desde entonces han lastrado las cuentas de RTVE hasta hoy.

RTVE aportaba el dinero a dichas empresas sin someterlas a un control y sin exigir un compromiso previo respecto del producto final. RTVE ponía el dinero y los demás lo recogían.

El informe de la intervencion definía así ese caos: “Sólo existen previsiones de emisión para tres meses; es decir, en el primer trimestre se elabora la previsión de lo que va a emitirse en el segundo, y así sucesivamente. Y aun así, en la mayoría de los programas se desconoce con la antelación suficiente el contenido de los mismos, ya que no hay guiones”.

El ente estaba repleto de departamentos, comisiones, juntas donde se desarrollaban infinidad de deliberaciones previas. Sin embargo, el camino que recorría cualquier productor o promotor de programas con destino a la programación de RTVE carecía de complicaciones. Lo único que en realidad se llegaba a examinar era un título o una vaga idea de lo que iba a constituir el programa. Podría pensarse que se trataba de los albores de la televisión en España, pero ya habían transcurrido veinte años desde su nacimiento y mientras el país experimentaba importantes cambios políticos y económicos, el ente seguía sumergido en las tinieblas y en la opacidad más absolutas.

Algo más tarde se empezaron a exigir presupuestos, pero los propios directivos de RTVE reconocían su escasa fiabilidad. En la mayor parte de los casos las previsiones de gastos se incumplían y se sobrepasaban. Antes de aprobar o rechazar un proyecto de programa, los responsables de RTVE no exigían una previsión de necesidades, y mucho menos, un guión. Los esquemas de programación que se aprobaban sólo eran teóricos, ya que los títulos que en ellos figuraban solían ser genéricos.

“Pocos días antes de la emisión”, dicen los interventores, “aparece, por regla general, el guión. Por la premura del tiempo, en un pasillo o en un despacho, o en donde sea, se ponen en contacto el productor y los responsables de proveer los medios, y establecen las necesidades para ese programa concreto, sin tener en cuenta otros programas. En consecuencia, al no existir una planificación ya desde el principio, el sector de la producción de programas no puede elaborar su plan de trabajo”.

Los inspectores enumeraban así las graves consecuencias que se derivaban de esta situación: “imposibilidad de elaborar planes de producción; imposibilidad de conocer si se han alcanzado los objetivos propuestos (puesto que no existen planes); imposibilidad de elaborar un mínimo plan de utilización de medios; deficiente utilización de los recursos (tanto propios como ajenos); es imposible identificar las responsabilidades y en consecuencia, tomar medidas oportunas para corregir las actuaciones deficientes, ya que no permite la existencia de un mínimo control de gestión”.

Los interventores confirmaron que “se están comprando unos guiones que físicamente no existen, con las consecuencias que de ello pueden derivarse. El pago no se realiza hasta que no se reciben y se otorga la conformidad a cada uno de ellos. Sin embargo, las posibilidades de rechazar estos guiones quedan mermadas, ya que, en muchas ocasiones, se reciben con un plazo mínimo de cara a la grabación del programa para una emisión ya prevista, por lo que su rechazo supondría la no emisión del programa. Todo lo dicho anteriormente se agrava por el hecho de no figurar en los contratos fechas, límites de entrega ni cláusulas de penalización en caso de demora”.

Esta era la televisión de Rafael Ansón, Fernando Arias Salgado y compañía. Y para corroborar sus apreciaciones en torno a dicha gestión los interventores de Hacienda pusieron variados ejemplos. Respecto a la serie Barrio Sésamo, dicen: “En el año 1977 se aprueba un presupuesto de 60.144.440 pesetas para la producción de 65 capítulos de la serie Barrio Sésamo, en base al cual se procedió a la contratación de una serie de colaboradores, entre los que se incluye el formalizado con la guionista Dolores Salvador Maldonado, por un período de un año y con una cantidad estipulada de 1.950.000 pesetas. Cuando tuvo lugar la firma de este contrato, los guiones no existían y cuando se presentaron no fueron aceptados por la directora del programa (Blanca Alvarez). En consecuencia, aun cuando el decorado para la realización del programa estaba preparado (obsérvese que hasta es posible construir un decorado sin tener el guión), así como todos los restantes elementos humanos y materiales, no pudo comenzarse el rodaje. Es más, como los colaboradores fueron contratados por el tiempo que dure la producción, también fue necesario pagar las colaboraciones durante ese período de tiempo y las cantidades estipuladas con la sociedad norteamericana coproductora de la serie, la CTW, propietaria de los derechos del programa”.

El informe continuaba: “Al término del contrato con la guionista primitiva (1 de agosto de 1978), se formaliza un nuevo contrato para la realización de guiones con José Hernández Miguel, por un importe de 292.000 pesetas por cada uno. El citado colaborador debía tener terminados esos guiones el día 10 de septiembre de 1978, hecho que no ha podido ser comprobado, ya que esta información, entre otras, fue solicitada y hasta la fecha no ha sido recibida. Por último, diremos que la cantidad invertida en este programa asciende a 25.084.646 pesetas y que, según los datos suministrados por la dirección adjunta de medios técnicos, durante el último trimestre de 1978 no se ha llevado a cabo ninguna grabación en estudios para este programa”. En la etapa a la que alude el informe, el subdirector de TVE para programas infantiles era Mariano Peña. Sólo pocos meses después de concluida la auditoría, en el verano de 1979, se inició la grabación de algunos capítulos de Barrio Sésamo.

            Los interventores también quisieron saber qué pasaba con los guiones adquiridos por RTVE. Su intención era verificar la existencia del denominado “registro de proyectos”, donde al parecer tenían entrada todas las ideas o guiones que llegaban a RTVE. Los inspectores querían comprobar el stock de guiones que poseía RTVE, verificar su fecha de entrada y si posteriormente habían sido o no aprobados. Querían saber cuál había sido la inversión en dichos guiones  y, finalmente, cuáles han sido los guiones e ideas que, una vez adquiridos por RTVE, se han plasmado en programas.

Sobre este importante apartado, los interventores escribieron: “Ninguno de estos datos ha sido posible, ya que la información solicitada al director de TVE y posteriormente reiterada al director general de Radiotelevisión Española no ha sido recibida, contrariamente a lo dispuesto en el decreto sobre las facilidades que se han de prestar al equipo que realice el control financiero”. El registro de proyectos o guiones de RTVE se abrió en febrero de 1978. Posteriormente, la Dirección General decidió amortizar el puesto, pasando sus competencias a la secretaría técnica de dirección, dependiente entonces de Angel Pérez Bahón.

Tampoco tuvieron suerte los interventores en su intento de examinar los “informes previos a la aprobación de los programas por las juntas de programación”.  Estos informes, elaborados por las respectivas subdirecciones de áreas temáticas, considerados “piezas clave” para la toma de decisiones, “no han sido recibidos”, decía el informe, “a pesar de haber sido reiterada al director general de Radiodifusión y Televisión la petición hecha en su día al director de TVE”. No les fue, por tanto, posible a los autores del informe constatar la existencia física de dichos informes, ni evaluar la profundidad del tratamiento otorgado y las características de las estimaciones de costes que deberían incorporar.

El doblaje también dobla sus costes

El apartado de producciones ajenas, es decir, aquellas que RTVE adquiría para su emisión, ofrecía también datos significativos. Normalmente, las producciones ajenas correspondían a largometrajes o telefilmes, adquiridos a otros productores (habitualmente extranjeros), cuyos precios venían fijados por las distribuidoras internacionales, de acuerdo con unas tarifas normalizadas en los países de origen. Por término medio, una hora de telefilme costaba entre 150.000 y 200.000 pesetas, pero su doblaje al castellano rebasaba las 400.000 pesetas por hora en costes de 1979.

La contratación del doblaje se realizaba directamente con alguna de las diecisiete empresas españolas dedicadas a estas tareas y que, a juicio de los interventores, constituían en la práctica un oligopolio. “Las tarifas que cobran quedan, por tanto, al arbitrio de las casa suministradoras y a la mayor o menor fortuna en la negociación por parte de los responsables de RTVE. Posibilidades de negociación tanto o más reducidas en cuanto que determinados actores posean la exclusiva del doblaje de otras tantas figuras del cine y se encuentran vinculados con estas empresas de doblaje. Esta es la razón fundamental de la poca viabilidad que tendría la instalación de las salas de doblaje propiedad de RTVE”.

El negocio de las productoras

Los interventores examinaron el caos relativo a las producciones que contrataba RTVE fuera de la casa bajo el epígrafe de las llamadas “producciones independientes”, bajo el cual se agrupaban aquellos programas coproducidos entre RTVE y empresas privadas (nacionales o extranjeras) y los que eran producidos íntegramente por empresas privadas (nacionales) pero financiados en su totalidad por Radiotelevisión Española.

Esta era la situación en que se encontraba la mayoría de las producciones denominadas propias en la programación de RTVE. Los interventores se quejaron en repetidas ocasiones de la escasez de datos que tuvieron a su alcance para realizar una evaluación más exhaustiva, lo cual redunda en un descontrol mayor del que reflejaba su informe.

El informe afirmaba que  era normal la “firma de contratos con posterioridad a su producción: en algunos casos, los contratos ya firmados carecen de fecha, teniéndose que tomar como referencia la del registro en el servicio antes mencionado de Registro de Proyectos; de todos los contratos observados, salvo uno, todos carecen de un presupuesto escandallo elaborado por la productora, en el que se desglosen las partidas y se justifiquen las cantidades pactadas en el contrato”.

El ejemplo de la serie La Barraca, basada en la novela de Blasco Ibáñez y ya emitida por RTVE cuando los interventores estudiaron el asunto, resultaba ilustrativo. El ente suscribió el contrato con la productora Aldebarán y, según el informe, el entonces subdirector de programas dramáticos, Gustavo Pérez Puig, se expresó en los siguientes términos al remitir un oficio al subdirector de gestión económico-administrativa para exigirle un presupuesto previo de la productora antes de formalizar el contrato: “Naturalmente, insisto en que no me parece lógico que a una productora que nos presta un servicio y nos produce una serie se le pida un presupuesto, puesto que es gana de que nos engañe y saberlo de antemano”.

Pese a todo, La Barraca resultó ser el único proyecto presupuestado previamente que encontraron los interventores, “aunque no físicamente, ya que después de haber sido solicitado verbalmente y dos veces por escrito, no lo hemos recibido”. Esta serie, presupuestada por la productora Aldebarán en 81 millones de pesetas, constó de nueve capítulos de 55 minutos cada uno y “entre sus partidas no incluye el beneficio industrial, de lo cual cabe deducir que, si los costes son de 81 millones de pesetas y esa es la cantidad que RTVE paga por los nueve capítulos, la productora no gana una peseta por realizarlo; cosa harto dudosa”.

Otro ejercicio curioso en RTVE tenía que ver con el aprovechamiento de las ideas de los trabajadores del ente como si se tratara de producciones independientes. Esto quiere decir que cuando algún particular “acreditado en RTVE” presentaba una idea o proyecto, o incluso los guiones, suponía, en caso de interesarle a RTVE, que la producción pasaba a ser independiente. Para su realización se constituían entonces sociedades propiedad de los que inspiraban dichos programas, tan sólo con el fin de producir tales programas. Como ejemplo cabe citar el caso de la productora Cine Central, creada una semana antes de la firma del contrato para la realización del programa Esta noche….fiesta o Martes fiesta, cuyo principal accionista, presidente del consejo de administración y presentador del programa era José María Iñigo Gómez.

En otros casos, los contratos incluían claros ejemplos de imposición de condiciones. Los interventores llamaban la atención en su informe sobre lo que ocurrió con la serie titulada Un mito llamado…, cuya productora, Filmes 77, firmó un contrato con RTVE por un importe de 11,2 millones de pesetas por capítulo el 23 de marzo de 1977. La productora, creada el 19 de enero de 1977 y cuyo presidente del consejo era Juan Guerrero Zamora, designó como director, realizador y autor de los guiones al mismo Juan Guerrero, que cobraba dichos guiones independientemente de este contrato al precio de 60.000 pesetas cada uno. La productora, igualmente, en la cláusula séptima del contrato, imponía a Nuria Torra como protagonista de los diez episodios de que constaba la serie.

“Un grave error de TVE –decían los interventores– es el de pensar que el productor es la persona que realiza el control económico del programa. Con esto se está identificando a la persona que realiza el gasto con la que lo controla, lo cual es reprochable desde cualquier planteamiento mínimo de control interno”.

Los restantes controles, y concretamente el que efectuaba la subdirección de gestión económica de la producción, según el informe, “es insuficiente,  ya que se trata de un control a posteriori y exclusivamente documental”.

Las irregularidades en la gestión de los programas eran evidentes, según se desprende de los ejemplos aportados por la auditoría. En algunos casos, se tenía noticias de actuaciones de la Inspección de Servicios, pero no se tenía “conocimiento de que de éstas hayan derivado las correspondientes responsabilidades”.

El informe citaba como irregularidades habituales la “firma de contratos sin capacidad legal para ello”. Por ejemplo, “el suscrito por Enrique Martí Maqueda y José Joaquín Marroquí con Televisa (México) para la realización de dos programas de la serie 300 millones (22 de septiembre de 1978)”.

Otra práctica frecuente era la “contratación de personal colaborador sin autorización”. También en este caso aparecía el ejemplo de José Joaquín Marroquí, en el programa 300 millones”.

Los autores del informe encontraron una gran cantidad de  irregularidades en el programa 300 millones, creado por el entonces director general de RTVE, Rafael Ansón, y encomendado para su gestión al más alto nivel al subdirector general del Ministerio de Cultura, Luis Ezcurra, bajo la “pintoresca denominación Unidad Autónoma de Producción 300 Millones”.

Igualmente, algunas productoras llevaban a cabo “venta de bienes sin capacidad legal para ello”. Una de estas operaciones fue la que se realizó con los vehículos adquiridos para el programa La segunda oportunidad, que “fueron vendidos posteriormente por el productor del programa y aplicados a cancelación de anticipos del productor y que, como consecuencia de las actuaciones verificadas por este equipo de control financiero, fueron aplicadas como ingresos de RTVE”.

Presupuestos incompletos e inflados

Los interventores realizaron la siguiente afirmación tras comprobar la forma en que RTVE afrontaba los presupuestos de sus programas. “Aun a pesar de parecer ociosa la siguiente observación, debemos decir que el presupuesto debe recoger todos y cada uno de los conceptos del gasto inherentes a la obtención de un programa. Esta circunstancia no ocurre en realidad en RTVE”.

Los presupuestos que elaboraba RTVE no incluían las cantidades que debían cobrar los trabajadores de RTVE asignado a cada programa, ni las retribuciones que se debían satisfacer a determinados colaboradores, en virtud de contratos personales y por tiempo determinado. Tampoco se incluían los gastos que se derivaban de la utilización de estudios, amortización de medios propios de RTVE y, en general, cualquier otro tipo de coste imputable a más de un programa. Como ejemplo se citaba el programa Sumarísimo, “en cuyo presupuesto no se incluía la cantidad que percibió el realizador, Valerio Lazarov”.

La inflación de costes era otra de las práctica normales en RTVE: “El productor, al elaborar el presupuesto –decía el informe–, estima los medios, tanto materiales como profesionales, que serán necesarios para la realización del programa. Sin embargo, desconoce si estos medios, en el momento de empezar la producción, podrán ser atendidos por RTVE o tendrá que acudir a la utilización de medios ajenos. Este hecho da lugar a que las necesidades que en principio pudieran ser las reales se inflen, al tiempo que se favorecen las continuas transferencias entre conceptos presupuestarios”.

RTVE tenía un departamento cuyo cometido era verificar el seguimiento de cada una de las partidas del presupuesto de una determinada producción, pero “este seguimiento es incompleto ya que no se lleva a cabo en todas las partidas (…), sólo en aquellas que representan costes externos; es decir, cantidades gastadas en la utilización de medios ajenos y que no son propiedad de RTVE”. Este sistema de control, de cuyas deficiencias se ocupó también el informe, dejaba fuera de su alcance multitud de conceptos que intervienen en la producción de un programa.

Los interventores citaban los siguientes ejemplos sin cuantificar: “sueldo de directores, productores y otros; plus de programas que, en algunos casos, alcanza las 113.000 pesetas; y, por supuesto, en el caso de programas en vídeo, el coste total de estudios (material y personal), lo que permitiría que su simple conocimiento e información determinara si un programa debe realizarse de esta forma o sería más conveniente filmarlo”.

Un estudio sobre este último punto fue ordenado en su día por el director adjunto de TVE, Feliciano L. Gelices, cuyo contenido no fue difundido por la dirección de TVE, aunque Gelices fue cesado poco después de haberse concluido el trabajo.

La conclusión de los interventores es que resultaba imposible saber cuánto costaba un programa producido por RTVE, cualquiera que fuera la modalidad de producción elegida. “Los directivos de RTVE –decía el informe– consideran la confección de un presupuesto como un mero trámite para la producción de un programa”. Los interventores añadían que “en Barcelona, este hecho es aún más notorio”.

El informe mostraba el escepticismo de los interventores acerca de la utilidad de los presupuestos de los programas que se realizaban en RTVE. Dichos presupuestos no recogían todos sus inputs y, si los recogían, no se conocía lo que realmente se invertía, de modo que muchos de ellos escapaban al seguimiento y al control de nadie.

La infrautilización de los medios del ente

Otra de las conclusiones tajantes a las que llegó el informe de los interventores de Hacienda es que no existía coordinación alguna entre los departamentos de producción y la Dirección de Medios Técnicos y Operación de RTVE. La antelación con que se solicitaban los medios necesarios para realizar un programa era variable, pero a veces se hacía de un día para otro. “Esta premura hace que las demandas de medios alquilados sean mayores y que la solicitud se verifique de manera informal, sin que exista constancia escrita de ello”.

El informe estimaba que los medios de RTVE estaban infrautilizados, salvo los relacionados con los talleres de construcción de decorados. La carencia de determinados equipos en la casa obligaba a contratar costosos alquileres para la realización de programas, especialmente en el apartado de filmación. El informe cita varios ejemplos que llamaban la atención sobre el uso que se hacía en RTVE de los equipos existentes: accesorios y objetivos especiales de dieciséis milímetros (50%); accesorios cámaras sonoras, formato 35 milímetros (50%); accesorios cámaras insonoras, formato 35 milímetros (50%); cámaras de alta velocidad, 35 milímetros (100%); trípodes fluidos, de dieciséis y 35 milímetros (100%).

Sobre la contratación de salas privadas de sonorización: “Las cantidades satisfechas por RTVE son de gran cuantía, ya que no dispone de estudios de grabación musical, por lo que cualquier programa que incluya espacios musicales con determinadas exigencias de calidad ha de requerir los servicios de empresas privadas”.

Otro tanto ocurre con las grúas para rodajes exteriores: “A lo largo de 1978, de un total de 204 servicios de este tipo, alrededor de cien (49%) se contrataron a la casa Valero, en Madrid. Por lo que se refiere a Barcelona, cabe citar el hecho de que sólo poseen una grúa, pero no puede utilizarse en exteriores, por ser imposible sacarla del edificio en que está situada. Ello obliga a cubrir siempre el servicio por alquiler”.

Finalmente, se citan dos casos de infrautilización de medios propios: “El personal fijo de animación está parado por falta de trabajo. Se podría eliminar la contratación de servicios privados de truca si se atendieran, con personal fijo, mediante la implantación de un turno de tarde”.

La contratación de personal

Los contratos denominados artísticos carecían de límite en RTVE. Su única limitación era la disponibilidad presupuestaria. Así, la oficina correspondiente de contratación carecía de un baremo y fijaba las condiciones a su libre albedrío, sin que existieran especificaciones normalizadas para la formalización de contratos. Sobre este asunto, la intervención detectó todo tipo de situaciones atípicas en su investigación: “La inexistencia de baremos escritos, la independencia de que gozan estos equipos de contratación, las exigencias de determinados realizadores y directores de programas y, en general, la problemática inherente a la producción de programas, unidas al complejo mundo del espectáculo, con sus representantes, casas discográficas, etcétera, dan lugar a situaciones como las que se citan a continuación.

1.º Cantidades satisfechas contraviniendo lo estipulado en contrato. Se comprobó en Barcelona que en la producción de la novela Padres e hijos, los actores percibieron cantidades en concepto de dietas y gastos de locomoción. De esta manera se contravenía lo dispuesto en el apartado C, cláusula séptima, ya que la contratación se había realizado en Barcelona, y el programa, grabado en Hospitalet.

2.º Contratos formalizados en fecha posterior al día de grabación. Se han detectado varios casos, siendo de destacar el programa Cantares.

3.º Determinados realizadores y directores de programas exigen que los coreógrafos sean extranjeros. Ello implica, por exigencia del Sindicato de la Danza, la contratación simultánea para el mismo programa de un coreógrafo español. Podemos citar los programas Sumarísimo y Aplauso como ejemplos de esta situación”.

Otro ejemplo aportado por los interventores, esta vez de contratación para cometido distinto del realizado, es el de los dos presentadores del programa 625 líneas, dedicado por RTVE a la promoción de sus propios programas. “Maira Gómez Kemp y Juan Santamaría, según se establece en su contrato artístico, interpretan el papel de actriz-presentadora y actor-presentador, respectivamente. Esta función se encuentra recogida en la ordenanza laboral. Es decir, se está encubriendo un contrato de colaboración mediante una contratación artística, para poder acceder a un nivel de retribución mucho más elevado que el que les correspondería. Según contrato de 27 de diciembre de 1978, Maira Gómez Kemp percibía la cantidad de 49.451 pesetas por cada programa semanal. Y según contrato del día siguiente, Juan Santamaría percibía 43.956 pesetas, también por programa semanal.

El silencio de la Administración

Después de todo lo anterior, hay que reseñar que los responsables de RTVE no facilitaron la labor de los interventores, cuyo trabajo sufrió un largo y tortuoso camino hasta ofrecer como resultado la auditoría que acabamos de ver.

La iniciativa surgió mediada la primavera de 1978, con Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda. El interventor del Ministerio de Hacienda en RTVE le había pasado una nota en la que denunciaba haber detectado sospechosos indicios de irregularidades, “más graves de lo que es habitual”, en una determinada operación de compras de la casa. El ministro pidió mayores detalles y lo que vio le dejó escandalizado: en RTVE nadie se responsabilizaba de nada ni se tenía idea clara del reparto de funciones o competencias. No había cuentas claras ni inventarios. Aquello parecía un caos, un pozo sin fondo en el que el dinero se perdía y no había modo de saber cómo y cuánto se gastaba ni para qué.

Ordóñez creyó conveniente enviar un informe confidencial al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, solicitando instrucciones al respecto. Pero Suárez calló. No en vano, él mismo había sido director general de RTVE y en ese momento sus hombres de confianza estaban al frente del ente audiovisual que estaba renovando las caras de la tele durante la transición.

Ante esta situación, Fernández Ordóñez optó por ordenar a su subsecretario de Presupuesto, el más tarde famoso José Barea, que utilizase “las facultades que el artículo 7 de la ley General Presupuestaria otorga al Ministerio de Hacienda para realizar el control financiero de los órganos de la Administración del Estado y sus organismos autónomos”.

Poco después, el titular de Hacienda informó de su decisión al Consejo de Ministros. Fernández Ordóñez se encontró entonces con el silencio de unos y la mal disimulada indignación de otros. En realidad, nadie sabía a quién correspondía fiscalizar las cuentas de RTVE. Tras varios intentos por desentrañar el marasmo de competencias interferidas entre el Ministerio de Cultura y el organismo autónomo RTVE, se adoptó la decisión de encargar a la Intervención General del Estado un informe exhaustivo sobre el control financiero de RTVE. A pesar del eufemístico nombre, lo que en realidad se solicitaba era una auditoría completa, una puesta al desnudo de uno de los organismos más polémicos.

La orden se cursó finalmente para que se pusiera en marcha la lenta maquinaria estatal. Tras varios intentos de boicotear la operación, el equipo auditor, integrado por cuatro interventores y cinco contadores (auxiliares), quedó constituido en el mes de septiembre.

La Administración estaba entonces inmersa en otras cuestiones, como la culminación de la redacción constitucional, el referéndum y las posibilidades de adelantar el calendario electoral.

En RTVE se sabía que iban a llegar unos colegas para echar un vistazo a la casa. Entre los máximos responsables del ente se adoptó la decisión de colaborar poco, tal y como quedó patente en un almuerzo que se celebró ese mismo mes de septiembre para organizar la estrategia frente a los interventores de Hacienda. Todos creyeron que aquello iba a durar poco y que todo seguiría como hasta entonces, utilizando el dinero de Hacienda sin control, como si RTVE siguiera siendo un organismo que gozara de una financiación ilimitada..

Sin embargo, los interventores mostraron desde el principio un celo mayor del esperado. Desde noviembre de 1978 a mayo de 1979, los funcionarios destacados por Hacienda sortearon todas las dificultades que les pusieron los mandos intermedios de la casa para realizar su labor. Unos y otros les informaban de papeles que no existían, que se habían perdido, que nunca existieron o que ni siquiera se justificaba su inexistencia. Había datos que nadie conocía y competencias que nadie definía. El informe estaba plagado de consideraciones al respecto. Los interventores se encontraron con un panorama que les obligó a formular todas las peticiones de datos, documentos, etcétera, por escrito, mediante requerimientos oficiales, avalados por un real decreto que hubo de ser propuesto al Consejo de Ministros para resolver la situación.

El informe hacía referencia sin ambages a claras obstrucciones a la acción de la Intervención General del Estado. Los máximos responsables de RTVE llegaron a plantearse la posibilidad de un boicot general a la inspección. Éste no se llegó a producir, pero los responsables de área sí pusieron dificultades de forma individual. Parece probado que incluso altos estamentos de RTVE sugirieron a los interventores la posibilidad de que éstos ocuparan cargos directivos en la casa, “porque así ustedes, que ya conocen esto, pueden ayudarnos a arreglarlo”. De esta manera, los interventores se movían entre el estupor y la sorpresa. Y en ese ambiente, el informe quedó listo pocas semanas después de haber tomado posesión Jaime García Añoveros como ministro de Hacienda, el 6 de abril de 1979.

El interventor general del Estado le entregó un voluminoso documento que contenía la primera auditoría seria que se hacía en RTVE. Sus resultados y conclusiones eran escandalosos e indicaban la posible existencia de numerosos delitos. El informe sólo llegó a determinados altos cargos de la Administración del Estado, que decidieron no hacerlo público hasta que su contenido saltó a las páginas de los periódicos.

Todos los autores del informe recibieron órdenes muy severas de guardar silencio. Ni  siquiera recibieron oficialmente un ejemplar completo de su trabajo, ya que éste se realizó individualmente por apartados concretos.

Los ejemplares que se distribuyeron entre los altos cargos de la Administración estaban numerados. Paralelamente, los miembros del Cuerpo de Intervención se mostraban cabreados por  la ocultación de su trabajo. También les preocupaba que no se tomaran medidas concretas para resolver la caótica situación financiera de RTVE. Una situación que con el tiempo se agravó, llegando hasta nuestros días como un iceberg a la deriva que nadie se atreve a tocar.

¿Dónde están los genios de aquella televisión?Adolfo Suárez había formado su segundo gobierno el 5 de julio de 1977, y en octubre de 1978 llegó Fernando Arias Salgado a la Dirección General de RTVE con la necesidad de buscar el dinero debajo de las piedras para pagar la nómina del mes, porque la situación era tan caótica que nadie se lo podía imaginar.

Rafael Ansón, la mano derecha de Suárez al frente de la televisión hasta entonces, multiplicó su actividad como consejero político. Incluso se atrevió a cruzar el Océano para buscar candidatos presidenciales que no siempre hicieron bien a la hora de ponerse en manos de quien había llevado hasta lo más alto al presidente español. Ansón patinó estrepitosamente al asesorar durante su campaña al candidato venelozano Luis Piñeruela, quien fue derrotado en toda regla por Herrera Campins.

Detrás había dejado un aroma de éxito entre los cronistas televisivos que en ningún caso tuvieron en cuenta su actuación como gestor. Ansón volvió a asesorar a Suárez en 1979. Los Ansón fueron los gurús de Suárez durante la transición. Luis María se convirtió en presidente y director general de la Agencia EFE entre 1976 y 1982, coincidiendo con el ascenso de Suárez al poder y los distintos gobiernos de UCD, para abandonar el cargo tras la llegada de González a la Moncloa. En 1983 accedió a la dirección de ABC, lo que le ha permitido estar en primera fila de la contienda política a lo largo de los últimos años, en colaboración con su hermano Rafael, de quien se ha publicado que cobraba dinero a sus clientes por lograr su aparición en las páginas del rotativo madrileño[2].

Rafael trabajó para Alianza Popular en 1983 y para muchos otros partidos después, incluso cuando han sido rivales en las mismas elecciones, pero a partir de ese año de cambios su carrera tomó una nueva dimensión como asesor de empresas privadas[3]. Vinculado a instituciones como la Fundación de Estudios Sociales (Fundes), en los últimos años ha brillado como uno de los principales integrantes de Dircom, la Asociación de Directivos de Comunicación, a la que pertenecen los principales asesores empresariales, políticos y financieros de España. Su imagen ha aparecido con frecuencia en el marco de suntuosos almuerzos y festines gastronómicos, en su condición de presidente de la Academia Internacional de Gastronomía. Esta posición le ha permitido desarrollar una sutil política de relaciones públicas que le ha sido muy útil para entrar en contacto con personalidades de todo tipo. Está presente en los consejos de administración de varias empresas relacionadas con la producción de vinos o eventos gastronómicos. Bodegas Berberana, S.A. y Grand Gourmet entre ellas. Sus relaciones profesionales se extendieron hasta Barcelona, donde se ha sentado en el Consejo de Administración de Bassat Ogilvy & Mather Comunicación Barcelona, S.A. junto al consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra[4].

A día de hoy, todos reconocen las habilidades de los Ansón para manejarse en el mundo de la comunicación. Sin embargo, pocos recuerdan el origen del caos en televisión y la situación en que Luis María Ansón dejó EFE[5].

En el caso de Rafael, al lado de todas estas facetas, siempre relacionadas con el mundo de las relaciones públicas, la gastronomía u otros negocios más o menos alejados de su perfil, destaca su asociación con uno de los personajes que en los últimos años han amasado una fortuna personal más estimable y cuya popularidad, precisamente, alcanzó su cénit cuando presentaba los telediarios de Ansón en TVE.

Se trata del periodista Ladislao Azcona, una verdadera máquina de hacer dinero desde que abandonó la televisión para convertirse en asesor del empresario José María Escondrillas en Explosivos Rio Tinto, de cuya empresa el propio Rafael Ansón había sido asesor de comunicación. Pasados los años Azcona se convirtió en uno de los accionistas más importantes de un imperio empresarial llamado Corporación IB-Mei, uno de los conglomerados bursátiles más misteriosos, al menos a los ojos de los inspectores de Hacienda que lo han investigado, que hoy funciona bajo el nombre de Tecnocom (Telecomunicaciones y Energía, S.A.), un enjambre de empresas relacionadas con el mundo de las telecomunicaciones, las tecnologías de banda ancha y el sistema UMTS que hoy día cuenta con una red de filiales repartida por varios países de Latinoamérica, China, Turquía y Marruecos.

La influencia de este grupo nacido a la sombra de la transición televisiva ha llegado hasta nuestros días incluso en forma de consejero matrimonial. No en vano, fueel lobby que propició el enlace entre el príncipe Felipe y Letizia Ortíz, cuyo padre es uno de los empleados destacados del conglomerado empresarial de Lalo Azcona.

En realidad, tanto el anuncio de la boda como el blindaje que disfrutó la pareja a partir de ese momento fueron fruto del trabajo que realizaron para el Rey los antiguos colaboradores de Adolfo Suárez en TVE. Entre ellos, destacó la labor de los hermanos Ansón, a pesar de la oposición conocida de Luis María, miembro del consejo de don Juan, a que el Príncipe contrayera matrimonio con muchacha de dudosa reputación.

Ansón fue uno de los periodistas cercanos a la Casa Real más beligerantes contra los noviazgos del Príncipe con Isabel Sartorius y Eva Sannum. A la primera le achacaba ser hija de padres divorciados. A la segunda, su condición de modelo.

¿Por qué, entonces, apareció Ansón sin pudor en todas las televisiones del país en defensa del compromiso y de Letizia Ortíz sin importarle que los padres de Letizia ni que la propia Letizia fueran divorciados?

La respuesta se encuentra en el origen familiar de la propia Letizia Ortíz, hija y nieta de periodistas. El noviazgo del Príncipe había roto todas las previsiones iniciales de la Casa Real, hasta el punto de que el Rey se enteró sobre la marcha de que el sábado 1 de noviembre la noticia del compromiso iba a estallar en todos los telediarios del fin de semana.

El Rey se encontraba volando en helicóptero hacia la finca de sevillana de López Quesada. Don Juan Carlos habló en voz alta por teléfono con la Casa Real desde el propio helicóptero la misma tarde en que se iba a hacer público el compromiso entre Don Felipe y Letizia Ortíz. El monarca se disponía a celebrar una cacería junto al Marqués de Valdueza, tesorero de la grandeza, el Duque de San Carlos y Alberto Alcocer. En varios momentos, se vio al Rey muy serio hablando con el Marqués de Calabria. Ya por la tarde, el Rey los reunió y les comunicó que se suspendía la batida del día siguiente. Ante la incredulidad de los presentes, Don Juan Carlos les dijo que se fueran todos a ver la televisión para ver si sus amigos se creían lo que iban a escuchar.

Esa tarde, todos los telediarios anunciaron el compromiso de don Felipe con Letizia Ortiz al detectar que la noticia corría como la pólvora por todas las redacciones de Madrid.

La sorpresa del Rey, a pesar de todo, fue relativa, pues unos meses antes, durante la primavera en que se consolidó la relación entre don Felipe y Letizia Ortiz, el Rey quiso mantener un encuentro con su amigo el ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

El Rey quería confiarle su preocupación por el hecho de que don Felipe había iniciado una relación con una chica divorciada que era hija de padres divorciados, de los cuales, uno de ellos, Jesús Ortiz, trabajaba como consultor para el ex periodista y empresario Ladislao de Arriba Azcona.

Suárez tenía ese día un compromiso inexcusable con Santiago Carrillo, a quien suele invitar cada año para celebrar la legalización del Partido Comunista con una comida íntima. Cuando se lo dijo al Rey, don Juan Carlos se apuntó de inmediato al almuerzo, y en ese ambiente de confianza que proporcionaban los duros momentos vividos por los tres durante la transición, el Rey informó a sus comensales de la situación que le esperaba a la Corona ante la perspectiva de que el Príncipe finalmente eligiera a Letizia Ortiz como a su futura esposa.

El problema era peliagudo, pero el ex presidente del Gobierno reaccionó de inmediato y enseguida le dijo al Rey que él se encargaba de la parte mediática. No en vano, fue en tiempos de Suárez cuando Ladislao Azcona emergió como nueva cara de los telediarios de la mano de su inseparable amigo, Rafael Ansón Oliart, que entonces  ejercía como director general de RTVE.

El hecho de que Letizia Ortíz fuera hija de Jesús Ortíz, un consultor que trabajaba para la empresa Estudio de Comunicación, SA, una de las múltiples sociedades del conglomerado empresarial más cercano al ex presidente Suárez, con los hermanos Ansón, Luis María y Rafael, a la cabeza, facilitaba las cosas.

Así fue cómo Adolfo Suárez puso en marcha un dispositivo que a la postre funcionó a la perfección. Ese conglomerado empresarial era el que lideraba el antiguo periodista Ladislao Azcona, en compañía de expertos profesionales del mundo de la publicidad como Luis Solera.

Tanto Azcona como los hermanos Ansón, especializados todos ellos en el mundo de las relaciones públicas y la publicidad, se pusieron inmediatamente al servicio de la Corona. Por ello, tras el anuncio del compromiso por parte de la Casa Real, una cohorte de “periodistas con credibilidad”, como subrayaba el presidente de La Razón, Luis María Ansón, se encargó de acallar en prensa, radio y televisión, cualquier crítica hacia la pareja que acababa de anunciar su compromiso.

Las circunstancias permitieron que, tras la sorpresa inicial que supuso para la Casa Real el noviazgo del Príncipe con Leticia Ortiz, todo se volviera a su favor desde el punto de vista mediático.

El padre de la novia llevaba años trabajando en Estudio de Comunicación, a donde llegó en 1987 tras su traslado a Madrid. La empresa, fundada en 1983 por Azcona y Benito Berceruelo, asturianos como Ortíz, ofrece servicios integrales de comunicación en forma de consultoría, gestión de crisis, comunicación financiera, relaciones con los medios, relaciones públicas, eventos y publicidad institucional. Cuenta con oficinas en Madrid y Buenos Aires y pasa por ser una de las más activas del sector.

Entre los colaboradores más estrechos que tiene Estudio de Comunicación se encuentra aún hoy el antiguo director general de RTVE, Rafael Ansón Oliart. La casualidad quiso que el destino uniera de nuevo en el tiempo al equipo periodístico, publicitario y empresarial más cercano a Suárez y los hermanos Ansón.

De hecho, Estudio de Comunicación, la empresa para la que trabaja Jesús Ortiz, participa en el capital de la empresa Promoción, Imagen y Comunicación, SA, en cuyo consejo de administración se sentaron hasta el mes de mayo del año pasado el propio Rafael Ansón y el ex periodista y empresario Ladislao Azcona.

Curiosamente, la desaparición de Lalo Azcona y Rafael Ansón del consejo de administración de Promoción, Imagen y Comunicación se produjo en la primavera de 2002, cuando el Príncipe Felipe y Letizia Ortíz han declarado que se afianzó su relación.

Jesús Ortíz continuó trabajando como consultor para Estudio de Comunicación, una de las múltiples patas del lobby empresarial de Azcona y sus socios. Entre sus clientes se encuentran varias de las principales empresas del país. Entre ellas destacan El Corte Inglés y Caja Madrid. La empresa también ha trabajado para la compañía internacional de subastas Sotheby´s y para financieros como Jacques Hachuel.

La empresa consiguió hacerse con la gestión de la publicidad de varios consorcios importantes. la UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Dragados, FCC y Nexo, encargadas del Plan Barajas, y forma parte del holding de asesoramiento de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).

El padre de Letizia Ortíz ha trabajado como consultor del grupo en varias de las incursiones mediáticas de la empresa. Entre otras aventuras, participó en Antena Aragón, con sede en Zaragoza, entre 1999 y 2000, unas fechas que coinciden con el posterior despegue profesional de su hija en TVE.

Para entender el espíritu y la forma de funcionar de este grupo de periodistas, empresarios y profesionales de la comunicación hay que recordar que Azcona, después de ser una de las caras mimadas de los telediarios, decidió saltar al mundo de los negocios junto a José María Escondrillas, al dar el pelotazo en el transcurso de una célebre operación relacionada con la compraventa de acciones de la empresa Explosivos Rio Tinto. Una operación con la que consiguió ganar sus primeros 1.500 millones de pesetas, en los tiempos en que Javier de la Rosa y KIO calentaron la cotización de ésa y otras empresas en el entorno kuwaití.

Desde entonces, Azcona y sus socios actúan como un verdadero grupo de presión que se estructura alrededor de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, SA, un enjambre de empresas relacionadas con el mundo de las telecomunicaciones, las tecnologías de banda ancha y el sistema UMTS que hoy día cuenta con una red de filiales repartida por varios países de Latinoamérica, China, Turquía y Marruecos.

Sus conexiones son de altura. Entre sus consejeros se encuentran el ex presidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro Lomba y la ex directora de RTVE, Mónica Ridruejo Ostrowsca. Como representante de la empresa Centro Asegurador, Compañía de Seguros y Reaseguros, accionista de Tecnocom, aparece Luis Alberto Salazar Simpson, presidente de Auna y concuñado del ministro de Economía, Rodrigo Rato. Todos los datos, según el Registro Mercantil de Madrid.

De modo que cuando saltó a la palestra el nombre de Letizia Ortíz no se puede decir que surgiera de un entorno sin pedigrí, ya que la presencia de su padre en el seno de este importante grupo empresarial hicieron notar su peso tanto en el mundo financiero como en el entorno de la Casa Real.

En este sentido, el encuentro del Rey con Suárez fue providencial. También lo fue el hecho de que Azcona y los suyos no fueran unos extraños en el entorno de la Casa Real. Para entenderlo no hay más que recordar el servicio que prestó Lalo Azcona a Jaime de Marichalar cuando éste visitó en abril de 2002 la exposición La Almoneda del Siglo, que la Fundación Winterthur, que preside Marichalar, organizó en el museo del Prado, y a la que asistieron los príncipes Felipe y Carlos de Inglaterra.

Azcona, coleccionista y gran aficionado al arte, hizo las veces de cicerone entre los cuadros que compró la Corona española en Inglaterra en 1649 y que estaban desperdigados por la National Gallery de Londres, la Nacional Gallery of Scotland de Edimburgo, la Galleria degli Uffizi de Florencia o el Hermitage de San Petersburgo, antes de que el Prado los reuniera en Madrid gracias al patrocinio de Winterthur.

Se da la circunstancia de que en el patronato de la Fundación Winterthur aparece Antonio Rodríguez-Pina Borges, presidente y consejero delegado de Crèdit Suisse First Boston España, cuya matriz, Crèdit Suisse First Boston Investment Holdings, A.G., es la empresa que ostenta el mayor porcentaje de inversión en Tecnocom, con un 17,360 por ciento de participación directa, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La presencia de Ladislao Azcona y su grupo en Tecnocom se canaliza a través de la empresa Doble A Promociones, SA, con un 8,085 por ciento del capital en sus manos.

La historia de este grupo empresarial también ha conocido altibajos, relacionados con subidas y bajadas espectaculares del valor de sus acciones en Bolsa cuando funcionaba bajo el nombre de IB-Mei. La corporación dirigida por Azcona fue objeto entonces de atención por parte de los inspectores de Hacienda, quienes a mediados de los años noventa llevaron a cabo una exahustiva investigación. El grupo estaba conectado a su vez con el empresario Juan Abelló y un sin fin de sociedades cuya estructura y funcionamiento llamó la atención de los inspectores.

En el año 2000 la empresa saltó a las páginas de los periódicos económicos porque en un solo día su cotización se revalorizó un 43 por ciento. Sus accionistas recuperaron más de 7.000 millones de pesetas y a continuación invirtieron en Tecnocom.

En la actualidad, Azcona también está presente como consejero en varias de las empresas del consignatario de buques y vicepresidente del Real Madrid, Fernando Fernández Tapias, también conocido como Fefé.

Entre las actividades más lúdicas de Fernández Tapias se encuentra la taurina, ya que su empresa Toresma ha sido la adjudicataria durante años de la gestión de la plaza de toros de Las Ventas. De esta manera, durante los últimos años, ha sido posible ver juntos en el callejón a Ladislao Azcona, Rafael Ansón y Fernando Fernández Tapias, formando una de las imágenes más representativas de este verdadero grupo de presión.

Pasado el tiempo, cuando la Casa Real anunció el compromiso del Príncipe con la hija del desconocido consultor de Estudio de Comunicación, el Rey ya tenía preparado todo un dispositivo de seguridad basado en una buena campaña de publicidad, la misma que puso en marcha el clan de los Ansón, por encargo de Suárez, que tras el anuncio del compromiso tuvo en el presidente de La Razón a su principal valedor para contrarrestar cualquier oposición.

Suárez nunca había desdeñado ninguna oportunidad de hacer dinero. Así se convirtió en intermediario a comisión de un despacho situado en el número 20 de la calle O´Donnell donde su padre y otros socios se dedicaban a la compraventa de solares y pisos en las afueras de Madrid. Al abandonar la dirección de Televisión, Suárez pasó a presidir la Empresa Nacional de Turismo, S.A. (Entursa), perteneciente al INI, en la que dejó una herencia escalofriante en forma de pérdidas millonarias. A su llegada las deudas de la compañía eran de 30 millones de pesetas. Tras su paso por la empresa, el agujero de Entursa ascendía a 1.083 millones. Amigos y conocidos ganaron grandes cantidades en muy poco tiempo. Mientras, Suárez compaginaba el cargo con el de vicesecretario general del Movimiento y con otros dos negocios singulares: uno, bajo las siglas de Progresa (Promociones de Gredos, S.A.), en torno a la urbanización y explotación de inmuebles en la Sierra de Gredos, y otro, bajo las siglas en inglés de Ymca (Young Men´s Christian Association), es decir, la Asociación Cristiana de Jóvenes, algunas de cuyas acciones viajaron de tribunal en tribunal, al relacionarse su existencia con la comisión de oscuras estafas.

Al cabo del tiempo, aunque el propio Suárez se ha empeñado en resguardar el prestigio adquirido como si su pasado más inmediato no hubiera existido jamás, tanto él como su cohorte de fieles colaboradores pusieron en marcha una red de influencias cuyo alcance sólo hoy podemos comprobar. Han gestionado numerosos negocios y han formado un poderoso lobby que viene funcionando sin descanso desde que Suárez y Rafael Ansón pasaron por la Dirección General de RTVE.


Notas

[1] El País del 20 de enero de 1978 publicó un amplio resumen sobre el contenido del informe de la Intervención General del Estado, cuyo contenido reproduciremos aquí al dar cuenta de la situación caótica de las finanzas de RTVE tras el paso de los gurús televisivos que trabajaron junto a Suárez durante los años inmediatamente anteriores. Los autores de la información fueron José Ramón Pérez Ornia y Fernando González Urbaneja. Este último es en la actualidad presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y forma parte del Comité de Expertos encargado por la directora general de RTVE para elaborar un informe sobre la reforma que necesita el ente para eliminar los vicios y la deuda que RTVE viene arrastrando desde hace tanto tiempo.

[2] Fue Luis Herrero quien se atrevió a mencionar por primera vez los precios que presuntamente cobraban los Ansón por destacar la figura de sus clientes en ABC, en el libro El poder popular. Quiénes son, cómo piensan los hombres de Aznar, (Pp. 29-319, editado por Temas de Hoy en 1996. En concreto, Herrero informaba de las siguientes tarifas al referirse a Mario Conde, y mencionadas en un informe confidencial en el que se aprecian, incluso, algunas rebajas: por una portada o primera plana, un millón de pesetas; por una tercera, 750.000 pesetas; por una tercera «(con ansonazo o ansonada)», 1.250.000 pesetas; por una foto y pie en Las caras de la noticia, 200.000 pesetas, por una columna editorial, 500.000 pesetas, por «maquillaje,tergiversación o amputación de noticias», 100.000 pesetas; por «omisión o supresión de noticia», 150.000 pesetas. Sin embargo, hay que destacar que, tras la airada protesta de Ansón,,la segunda edición del libro suprimió la información anterior.

[3] Rafael Ansón ha asesorado a las siguientes entidades: Renfe, Delegación Nacional de Deportes, Banco Popular, Banco Hispano Americano, Banco de Crédito Industrial, Banco Español de Crédito, Banco Central, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Educación, Sarrió y Antena 3 Televisión.

[3] Otras empresas a las que está o ha estado vinculado Rafael Ansón han sido Especialistas de Icónica y Comunicaciones, S.A.; Promociones Eraso, S.A.; A Q Identity, S.L.; Rafael A. Quintana, S.L. e Hispánica de Aviación. Datos extraídos del Registro Mercantil.

[3] Otra auditoría, esta vez realizada por el Tribunal de Cuentas en 1983, puso al descubierto la situación financiera de la agencia EFE tras la presidencia de Ansón. Una auditoría cuyo contenido no vamos a desarrollar aquí por razones de espacio y para no desviar la atención de RTVE, pero que dejó clara la necesidad de realizar un contrato programa entre la agencia y el Estado para controlar las “diversas desviaciones respectoa los presupuestos de explotación (que) han agravado la situación financiera de la entidad” bajo su mandato.

BIBLIOGRAFÍA

Abella, Rafael. Por el imperio hacia dios. Planeta. Barcelona, 1978.

Albert, Pierre. Historia de la radio y la televisión.  Fondo de Cultura Económica. México, 1987.

Alonso Ibarrola. La televisión española de la dictadura a la democracia.

Bustamante, E. y Villafañe, J.  La televisión en España mañana. Modelos televisivos y opciones ideológicas. Siglo XXI. Madrid, 1986.

Díaz, Lorenzo. La televisión en España 1949-1995. Alianza Editorial. Madrid, 1994.

Esparza, J.J. Informe sobre la televisión: El invento del Maligno. Criterio libros. Madrid, 2001.

Macía, Pedro. Televisión hora cero.  Erisa. Madrid, 1981.

Pérez Ornia, J. R. “Peculiaridades de una televisión gubernamental: 1. El modelo. 2. La implantación”, en Historia de los medios de comunicación en España”, de Jesús Timoteo Alvarez. Ariel. Barcelona.

Rico, Lolo. TV, fábrica de mentiras. Espasa Hoy, 1992.

Tijeras, Ramón. Las guerras del Pirulí. Debate. Barcelona, 2005.


Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,

ESCRIBA UN COMENTARIO

Su email no será publicado ni compartido. Los campos marcados son obligatorios *

*
*

Reseñas

Destacados

CLAVES


Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com